Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por disposición del Presidente Constitucional de la República -en pleno estado de emergencia- se  encuentran desarrollando actividades profesionales tendientes a lograr estabilizar y controlar bajo el imperio de la Ley las cárceles y reclusorios a lo largo del territorio nacional. La Policía  Nacional controla los desmanes ingresando a los pabellones de los reclusorios, mientras que las Fuerzas Armadas lo hacen en la periferia. Las dos instituciones encargadas por excepción de estas actividades coordinan en varias ciudades actividades de control y seguridad a fin de devolver la paz en los centros urbanos.

Los amotinamientos que se han dado en cárceles regionales de las ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca y Latacunga, durante estos últimos meses han producido mediante actos de violencia más de un centenar de muertos tras los disturbios carcelarios, situación que pese a la resuelta y profesional actuación de las fuerzas del orden no ha podido -hasta el momento- ser controlada. Los  actos delincuenciales de las PPL  (Personas Privadas de Libertad) agrupados en pandillas que funcionan internamente en los centros de reclusión del Estado ecuatoriano, son escenarios en donde  se siguen amotinando y matándose, a pesar de las medidas que se vienen implementando  por parte del gobierno con la acción coordinada del Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Los índices de muertes por violencia en todas las ciudades del país han crecido de manera alarmante.

El Ecuador se ha polarizado entre ecuatorianos que piensan, sueñan y tienen esperanza de que el país tiene salida a esta crisis social, económica, ética  y política y otros ecuatorianos que dejaron de soñar  y de tener esperanza, que renunciaron a su libre pensamiento y lo trasfirieron en manos de un cabecilla irresponsable que se consumió diez años de vida del Ecuador y de los ecuatorianos.

La violencia e inseguridad que vivimos cada día en las calles y plazas del Ecuador: secuestros, asaltos, narcotráfico, sumados a las actividades reivindicatorias de grupos sociales, laborales y políticos -frente a las decisiones del Ejecutivo y la falta de acción del Legislativo- proyectan un panorama nada real para llegar a soluciones en este tema de control de la delincuencia y la posibilidad de gobernabilidad del país.

Por consiguiente, es obligación del gobierno nacional optar por medidas constitucionales necesarias, que le permitan devolver la seguridad interna de las ciudades y de los centros de privación de la libertad, buscando las mejores condiciones democráticas que neutralicen la lamentable situación de inseguridad social y política que atravesamos los ecuatorianos. Los latacungueños debemos seguir gestionando ante el gobierno nacional para que la cárcel construida arbitraria e ilegalmente en terrenos de un cuartel militar sea reubicada, jamás debemos claudicar en este propósito.

 Debemos lamentar la dispersión de los actores políticos, de sus movimientos y partidos y mucho más de sus actitudes individuales y colectivas que no sintonizan el momento crítico que vive la patria,  sino más bien los intereses eminentemente de grupo por sobre las urgentes necesidades del pueblo ecuatoriano, que reclama se restaure su seguridad individual y familiar ciudadana que haga posible la gobernabilidad en el Ecuador. Es el momento de profunda meditación en el doloroso presente, pero mucho más en el incierto porvenir, si no se encuentran puntos de contacto entre actores políticos y actitudes mezquinas, frente a las grandes decisiones de Estado ante tanta discrepancia y obstruccionismo, porque en última instancia somos la mayoría de ecuatorianos los que salimos perdedores. Busquemos que el Estado tenga éxito en su lucha por instaurar seguridad en el territorio nacional y en los centros reclusorios y a su vez que sea posible la gobernabilidad.