Diecisiete días de agonía de nuestra endeble democracia han llegado a un fin, mediando un acuerdo entre el Gobierno y los alzados en protesta, agrupados en cuatro organizaciones, con mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. La paloma de la paz ha elevado su vuelo por todo el territorio ecuatoriano, con el beneplácito de los ecuatorianos que buscamos la convivencia pacífica, que somos la gran mayoría. Si bien este hecho “simbólico” no significa la solución a las desigualdades acumuladas desde el día en que Cristóbal Colón puso sus extremidades en suelo americano, tiene gran importancia al considerar que no deja de ser una salida democrática, teniendo como actores al Gobierno elegido por el pueblo, por un lado  y por otro un segmento de la población, debidamente organizado y representado. 

Los manifestantes y las fuerzas del orden deponen las posiciones que por fuerza de las circunstancias les han opuesto. Quedan marcadas en la retina de los habitantes de nuestro pequeño país, escenas que quisiéramos que jamás se repitan. La forma de protesta que han escogido los inconformes con su discriminación, han sido dramáticas, violentas, altisonantes, y lamentablemente agresivas contra la población que no tiene responsabilidad, que no sea tal vez por omisión, de los hechos reclamados. A pesar de vivir en una democracia frágil, tenemos una Constitución y hemos proclamado mayoritariamente un Estado de Derecho que ampara a TODOS los ecuatorianos, sin distingo de ninguna naturaleza que debemos respetar en beneficio de todos.

Jamás se puede admitir, en una mente educada, que el fin justifique los medios. Penosamente, la dirigencia política en el mundo, ha encontrado en la protesta social, desde inicios del siglo pasado, la forma más rápida, efectiva y barata de captar la atención de un país, que siempre termina en abonar en su favor el apoyo popular que es el preciado fin que ellos buscan, para capitalizar en las urnas. Estos métodos no han escapado a la dirigencia indígena ecuatoriana, que se reveló a fines del siglo anterior a ser manipulados por terceros y decidieron ejercer esos métodos por cuenta propia. Naturalmente, les ha tomado los primeros treinta años para saber manejar estas “armas letales” que, mal utilizadas, pueden causar graves daños irreparables a la democracia.

No cabe duda que los marginados deben sentir una sensación de impotencia, acumulada desde sus ancestros, y que esta frustración contenida por mucho tiempo y removida por actores políticos, pueda desembocar en un estallido, que pueda aparecer como la única forma de alcanzar justicia, a la que ciertamente tienen derecho. Sin embargo, los múltiples caminos que ofrece nuestra democracia, incluyendo asumir la responsabilidad de legislar para resolver la deuda histórica que tiene la República para con sus hijos que habitaron el territorio desde épocas ancestrales, no han sido utilizados en su beneficio. 

Ha llegado la hora de virar la página, aunque no cabe olvidar los dolorosos sucesos divisionistas que hemos vivido, alentados desde la obscuridad por anarquistas de conveniencia que han buscado “patear el tablero” para pescar a río revuelto. Nos quedan profundas lecciones. Debe ser compromiso de todos el escuchar el clamor de los sectores que reclaman sus derechos. Corresponde a la sociedad ecuatoriana, sin discriminaciones, construir un futuro digno que haga justicia a todos. La sociedad civil, alejada de las garras de la clase política, es capaz de reconstruir el sueño de Bolívar y los próceres de la Independencia. Hagamos un mea culpa y extendamos la mano a los indígenas que, penosamente, han sido marginados del derecho a tener oportunidades para construir un  futuro por esfuerzo propio. Sanemos las heridas, cobijados por la Bandera tricolor. 

¡VIVA EL ECUADOR UNIDO!