En un hecho sin precedentes, el pueblo del cantón Loja se pronunció en las urnas por mandato del Consejo Nacional Electoral, el pasado domingo 24 de junio, para revocar el mandato del alcalde Bolívar Castillo Vivanco, mejor conocido como el “Chato” Castillo. Este hecho democrático de participación ciudadana, garantizado en la Carta Magna en su artículo 105, se encuentra regulado en el art. 199 del Código de la Democracia y establece que la revocatoria procede “una vez cumplido el primero y antes del último año del período para el que fue electa la autoridad cuestionada”.
Para que una solicitud sea admitida se deben probar: incumplimiento del plan de trabajo, incumplimiento de normas relativas a la participación ciudadana o incumplimiento de las leyes y la Constitución. En el caso de Castillo, el trámite fue aceptado luego de que el gremio de taxistas lo denunciara por querer implementar de forma arbitraria un sistema de foto multas, que tenía como objetivo controlar la velocidad de los autos en la ciudad; a esto se sumó una demanda laboral presentada por los trabajadores de la alcaldía por salarios impagos. La ciudadanía consideró que el Alcalde sobrepasó el autoritarismo y la intolerancia. Con el 70.85% de los votos el Alcalde ha sido removido de su cuarto cargo.
Este hecho tiene alta significación en la vigencia de la Constitución de Montecristi, que determina la participación ciudadana como la columna vertebral de la democracia que estamos estrenando desde hace diez años. Esta participación se evidencia en la revocatoria del mandato, la remoción de los dignatarios de gobiernos autónomos descentralizados, la silla vacía, la asamblea ciudadana, el presupuesto participativo, el consejo de planificación, las veedurías, entre otros.
Lamentablemente, a pesar del tiempo de vigencia de estos Derechos, la ciudadanía no se ha empoderado de ellos, mientras que las autoridades han hecho muy poco por respetarlas y difundirlas, pues resulta más cómodo para sus fines políticos el gobernar en la ignorancia del pueblo que no pasa de lamentarse por las arbitrarias decisiones tomadas por los autoritarios mandatarios a espaldas de sus electores.
Ciertamente, estamos viviendo la reivindicación de los derechos ciudadanos, a la libertad de expresión y de pensamiento, a la propiedad, al debido proceso, a la privacidad, a una justicia imparcial y oportuna, a la seguridad, a la comunicación, a la libre elección, etc. que han sido conculcados por un perverso proyecto político que fracasó estrepitosamente en medio de una oleada de corrupción, despilfarro y desestabilización económica, social y política. En este contexto, es muy saludable verificar la plena vigencia del poder ciudadano para revocar el mandato a aquellos mandatarios que no han respetado a sus mandantes y han traspasado la línea de lo legítimo y legal. Esto crea un precedente ejemplar que fortalece la democracia y debilita el autoritarismo que ha sido heredado de la década perdida.
Siendo extemporáneo este procedimiento de revocatoria en el último año de mandato, los ciudadanos, de forma individual o colectiva, pueden plantear una denuncia con pedido de remoción de las autoridades de elección popular ante el propio órgano legislativo del GAD por las causales establecidas en el art. 333 del COOTAD como son: incumplimiento de leyes, ordenanzas o disposiciones del COOTAD; despilfarro; actividades electorales con ocasión de sus funciones; o incumplir la legislación para garantizar el derecho a la participación ciudadana, entre otras. Previo el debido proceso y con el voto de las dos terceras partes, este puede resolver su remoción.
Al “Chato” no le queda sino deambular meditabundo por las orillas del Zamora, al son de la canción emblemática del pueblo que le dijo: “hasta la vista… Chato”.(O)

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