Una tarde de septiembre de 2017, agenciosos funcionarios municipales de Latacunga celebraban la adjudicación del denominado “distribuidor de tráfico” sobre la avenida cinco de junio, sector El Molinero por cerca de tres millones de dólares, a un consorcio “por constituirse” entre dos ingenieros civiles bien relacionados con las personas claves. Raudos y veloces, iniciaron excavaciones a tontas y locas, sin planificación para sustituir las redes de agua potable y alcantarillado que serían afectadas, dejando sin líquido vital alrededor de quince barrios.

Serios cuestionamientos surgieron al conocerse que el SERCOP había dispuesto declarar desierta la licitación adjudicada al único oferente, que fue ignorada con premeditación y alevosía por el contratista y sus amigos municipales. Aceleraron la excavación, generando un caos en el barrio San Felipe, atropellando los Derechos de sus habitantes. La Asamblea ciudadana había RESUELTO de forma unánime, que no era prioridad y demandaba la construcción de colectores de aguas lluvias que amenazan permanentemente la seguridad de sus habitantes. En actitud desafiante “la obra va porque va” se argumentó.

La indignación llevó a que se conformara el colectivo “El Molinero” para presentar una acción de protección ante el juez constitucional Marcelo Jácome, quien determinó la violación de cinco derechos individuales y los derechos de la naturaleza, disponiendo varias acciones de reparación y la cesación de tales atropellos. Estableció además que esta causa no se cerraría mientras no se termine la obra y se garanticen los derechos ciudadanos. La causa sigue abierta a la presente fecha, tres años más tarde.

En la desesperada inauguración de la obrita, justo antes de las elecciones en que irónicamente pretendía la reelección el Alcalde de ingrata recordación, “descubrieron” las múltiples falencias de diseño, responsabilidad de un arquitecto no calificado para diseñar este tipo de obras, evidenciando que no se priorizaron la seguridad de niños, adultos mayores, peatones en general, personas con discapacidad y ciclistas, especialmente. Solamente pensaron en la comodidad de los vehículos, unos por el paso deprimido y otros por los carriles laterales, incluyendo buses que debían embarcar y desembarcar pasajeros. Absortos, observamos a un niño con discapacidad que competía con los vehículos para pasar del extremo occidental del cementerio hacia el parque, pues ¡NO EXISTE ACERA para tal propósito!

La irresponsabilidad de los funcionarios salientes motivó para que dejaran el problema para la administración entrante, que en el mes de julio presentó a los deudos de las personas cuyos restos reposan en los nichos adyacentes a la calle, un proyecto que permitiría construir la anhelada vereda. La asamblea aceptó y suscribió un acta de compromiso, a partir de lo cual restaba que el GAD Municipal ejecute el proyecto. Funcionarios van, otros vienen, el tiempo siguió pasando, hasta que un iluminado Procurador Síndico propuso que no existía tal compromiso y era mejor archivar el proceso para empezar todo de nuevo. Naturalmente esta actitud fue rechazada por el colectivo accionante y el Juez dispuso peritajes técnicos para definir la mejor solución.

La resolución fue que se ejecute el proyecto presentado por el Municipio hace más de un año y le conminó a presentar un plan de ejecución, que lo acaba de poner a consideración el “nuevo” Procurador. Para sorpresa de TODOS, la gran capacidad de los funcionarios a cargo ha determinado que requieren TRECE MESES Y MEDIO para ejecutar lo propuesto, y CINCO MESES adicionales para tramitar la expropiación de la franja que ocupe la vereda. ¡DIECIOCHO meses y medio para hacer una vereda!

¿Acaso se pretende quemar tiempo para dejar el problema a la siguiente administración? ¿O se trata más bien de una penosa realidad que evidencia la INCAPACIDAD ejecutiva de sus funcionarios? (O)