Ecuador ha refundado la República por veinte veces desde 1830, cuando se redactó la primera Carta Magna, reflejando los vientos de cambio en la Región y las cúpulas políticas y económicas, tomándose el nombre del “pueblo” para legitimar los experimentos que pretenden corregir las desigualdades, estancamiento, retraso y descontento popular. El último intento de resolver todos los problemas acumulados en la Era Republicana ocurrió en 2008 en Ciudad Alfaro, Montecristi, de manos del Socialismo del Siglo XXI que se hizo con la mayoría de votos en las urnas, enarbolando un discurso Chavista populista inspirado en las playas abandonadas de Varadero, Cuba, con ayuda de trasnochados izquierdistas en la Madre Patria.

Gracias a la inercia del populismo galopante que vivió el país desde 2007, se aprobó mediante referéndum la extensa, compleja, conflictiva y garantista Constitución, con la amenaza de que regiría por los siguientes 100 años. De la lectura de esta Ley Suprema, se puede deducir que hemos resuelto “en el papel” todos los problemas que aquejan nuestra existencia y que es apenas cuestión de tiempo el alcanzar al paraíso terrenal, donde las carencias serían cuestión del pasado. Se constituyeron toda clase de Derechos y “garantías” de su cumplimiento, recayendo sobre el Estado la obligación de satisfacer esas demandas.

En relación a la administración de justicia, se establecieron tal cantidad de recursos, manteniendo la condición de inocencia de los infractores que, al cabo de 14 años de su vigencia, nos encontramos atrapados por un sistema que dilata la administración de justicia en tal grado, que cuando llega ya no es justicia. La cantidad de subterfugios creados, solamente beneficia a los delincuentes, que de la mano de costosos profesionales del Derecho, burlan las sanciones y concluyen, en muchos casos, demandando al propio Estado por daños y perjuicios supuestamente ocasionados, logrando una libertad que no merecen y enriquecerse indebidamente por jugosas compensaciones.

El SS XXI siguió al pie de la letra el guión del Foro de Sao Paulo, corregido y aumentado por el “Grupo de Puebla”, cambiando cerca de 100 leyes orgánicas y ordinarias, migrando al sistema oral, y modificando los roles de la Judicatura, Fiscalía, Poder Judicial y Corte Constitucional. Todo bajo el nuevo invento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, supuestamente elegido por el pueblo, que terminó coptado por los poderes políticos, convirtiéndole en un campo de batalla donde se definen las autoridades de control, convirtiéndose en la “joya de la Corona”.

El poder judicial fue infiltrado burdamente por el poder Ejecutivo, digno representante de la corriente populista en la Región, que tuvo la osadía de engañar al electorado para que le confiera permiso para “meter la mano en la justicia”, sin fecha límite. La consecuencia es una contaminación irreparable del poder judicial, con muchos casos de funcionarios que no gozan de la preparación, experiencia, ecuanimidad y capacidad para impartir justicia, es decir “darle a cada quien lo que le corresponde” haciendo una justa aplicación de la ley, más allá de una elemental lectura de un artículo, sino haciendo un ejercicio de aplicación amplia de las fuentes del Derecho.

La consecuencia de estas afectaciones al poder Judicial es sencillamente la INJUSTICIA. Por lo cual, muchos de los enunciados Constitucionales son letra muerta, causando desazón en los ciudadanos, que ingenuamente creyeron en los discursos de barricada de quienes se parapetaron en el Poder para utilizarlo en su propio beneficio, dejando una estela de corrupción que pretenden enterrar con la ayuda de los operadores de justicia incrustados en la Función Judicial como caballo de Troya, y el poder político que increíblemente conservan. Es hora de revelarnos.  

¡SAQUEN LA MANO! (O)