El mundo siguió con curiosidad el proceso de “impeachment” o juicio político que formulara el Partido Demócrata al presidente del país más poderoso, quien buscará los votos para reelegirse en noviembre de este año. Días enteros de formulación de cargos y descargos, transmitidos en vivo y en directo, permitieron a todo ciudadano en todo país, evidenciar este “juego democrático”. Para sorpresa de pocos, Donald Trump salió absuelto de culpa de los cargos de abuso de Poder y ocultar información al Congreso.
No así para muchos observadores dentro y fuera de Estados Unidos, que aseguraban desde el inicio, que los acusadores no podrían conseguir los votos necesarios para encontrar culpable al prepotente presidente, que actúa desde la Casa Blanca como lo hace en su imperio económico. ¿Cuál es la razón? Exactamente la misma que ocurre en cualquier proceso político, en cualquier país de occidente. Los votos determinan la culpabilidad o inocencia del acusado. En este caso, 52 voluntades se impusieron a 48 que consideraban culpable al Presidente y podrían haber terminado con su Mandato y con sus planes de reelección.
Detrás de estas acusaciones, nuevamente existían motivaciones políticas de los Demócratas, por encima de las posibles imputaciones reales de abuso de Poder, reflejado en la investigación que Trump había pedido al presidente de Ucrania, en plena campaña anterior, sobre los negocios del hijo del candidato opositor Joe Biden, ex vicepresidente de Estados Unidos, ocultando posteriormente información hacia el Congreso y negando rotundamente esas alegaciones, contra atacando con fiereza a sus detractores, encabezados por la Demócrata Nancy Pellosi.
Con todos estos elementos, las conclusiones son evidentes. Las democracias occidentales radican en última instancia en el Pueblo, que por medio de representación (congreso bicameral en Estados Unidos) ejercen su voluntad. Con lo cual, la cancha se reduce a un centenar de actores que “en nombre del pueblo” administran justicia, legislando y fiscalizando al Ejecutivo. Esta teoría se ahoga en la realidad al momento de actuar, pues las decisiones de estos representantes obedecen a otros intereses, especialmente políticos, y no hay manera de que el Pueblo detenga esas intenciones.
Para agravar las cosas, los juicios políticos NO se rigen a normas procesales estrictas, como es el caso de los juicios penales o civiles. Los “jueces” tampoco están obligados a establecer “sin la menor duda” la culpabilidad del acusado, como ocurre en materia penal. En el proceso Trump, el propio senador que presidió el juicio, estableció las normas, limitando burdamente la presencia de testigos, para debilitar la acusación. Aunque era cuestión de mero trámite, pues los votos Republicanos (partido del Presidente) son superiores a los votos demócratas, por tanto no había esperanza del voto acusatorio de quienes anhelan no perder el poder en las próximas elecciones, y saben que su mejor carta es el billonario que pretende relegirse ¡hasta el 2048, por lo menos!
Estos “juegos democráticos” no dejan de ser una mancha grande en el sistema democrático que impera en occidente. No hay duda que los resultados no son, de manera alguna, por justicia, sino un pálido reflejo de la composición de fuerzas políticas del país y la capacidad de maniobra de los líderes en busca de los votos que “les declare inocentes” o “culpables a sus adversarios”. Estos sainetes llenan las primeras planas de los periódicos de nuestra región, de tiempo en tiempo, y nos tiene a los ciudadanos en un estado de impotencia y rabia, cuando descubrimos la verdad de la comedia que nos han montado. Esta obra teatral ya la vivimos en el Ecuador. ¿Acaso no será necesario pensar en tribunales populares, alejados de políticos, para intentar verdaderos juicios a sus mandatarios?(O)