Escuchar este nombre, seguramente relaciona una participación ciudadana, pero me temo que no está claro su verdadero significado.  Recapitulemos que la Constitución de Montecristi, vigente desde hace doce años, estableció una democracia “participativa” a diferencia de las “representativas” que han predominado en la Republica. Es decir, que las autoridades de elección popular se convierten en los “mandatarios” de los ciudadanos, que somos ahora sus “mandantes”. De manera concordante, se establecieron varias leyes inferiores para profundizar en este nuevo modelo de estructura político-administrativa.

Es así como se promulgaron el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y la Ley de Participación Ciudadana que establecen con meridiana claridad los mecanismos creados para que los ciudadanos asuman el rol “protagónico” que de forma individual y colectiva nos otorga la Carta Magna. Penosamente, estas herramientas que existen en el papel, no han pasado de ser eso, con pocas excepciones. La explicación, que no es justificación, radica en el desinterés de las autoridades electas de capacitar y promover ese rol protagónico de control social que es la “tercera función” de los GAD Municipales. Preferirían seguir actuando como verdaderos “zares” designados por los dioses, gobernando con omnipotencia el feudo que creen tener.

Obligados por dichas incómodas normas de participación ciudadana, los 221 municipios han implementado con lentitud, recelo y egoísmo, algunas ordenanzas que a pretexto de implementar lo dispuesto en las leyes superiores, intentan desvirtuar el verdadero espíritu de la participación libre y espontánea de sus mandantes. El Cabildo de Latacunga no podía quedarse atrás y promulgó -entre otras- la Ordenanza de Participación Ciudadana, sancionada por el exalcalde Rodrigo Espín con fecha marzo de 2012.

Aunque usted no lo crea, habiendo transcurrido ocho largos años de su vigencia, jamás se ha reunido la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana con sujeción a lo dispuesto en la mencionada ley cantonal. Si bien se han visto obligados a convocar algo que se le parece, para cumplir con varios requisitos que pasan por su conocimiento y aprobación, TODAS ellas fueron dirigidas por el propio Alcalde y sus cercanos colaboradores. JAMÁS se han elegido sus auténticos dignatarios que son un presidente y dos vicepresidentes, de entre los representantes de la sociedad. Ni siquiera han concurrido quienes son miembros natos de ella, como son los concejales, gobernador y directores de los ministerios sectoriales.

Hemos observado que en las obligadas convocatorias para “aprobar” el presupuesto participativo, por ejemplo, ha existido un acuerdo previo del GAD Municipal con los presidentes de las quince juntas parroquiales para tratar de forma totalmente superficial, sin entrar en detalles, sin siquiera establecer los montos individuales de las obras proyectadas, aprobando un escaso presupuesto fijo, del orden de $250 000 dólares por cada parroquia, para que se hagan las obras clientelares que decida la directiva, sin contar con el respaldo de los habitantes. Todo lo cual riñe con lo dispuesto por Ley, que debe ser cumplido -pese a quien le pese- mientras estén vigentes.

Celebramos que, por primera vez, el alcalde Cárdenas ha convocado a esta Asamblea, de conformidad con la Ordenanza vigente, a pesar de las profundas falencias que conlleva. Esperamos que se desarrolle con estricto cumplimiento a lo que dictan la Constitución y la Ley. Corresponde a esta Asamblea participar en la construcción del presupuesto, establecer las prioridades de inversión y demandar la rendición de cuentas; designar un Comité de Vigilancia que debe llevar un control de los recursos municipales y vigilar las actuaciones públicas; designar tres representantes ciudadanos al Consejo de Planificación Cantonal. Miremos hacia el futuro. ¡Inauguremos la verdadera participación ciudadana!(O)