Doce eternos días de incertidumbre, le tomó a nuestra democracia detener la eliminación de subsidios a gasolina y diésel, que han favorecido la economía de todos los ecuatorianos desde 1972, en que salió el primer barril de petróleo y empezamos una nueva vida de petroleros. La cuenta de la paralización impuesta por sectores opuestos a la medida, la hemos pagado y la seguiremos pagando TODOS por un buen tiempo, pues esa sublevación inesperada deja huellas que tardarán en sanarse.
El Acuerdo que permitió derogar el Decreto Ejecutivo que acabó con los subsidios, incluyó el compromiso de cambiar el esquema de subsidios, focalizándolos, para que no lo reciban quienes tienen capacidad de pagar el precio de mercado. Este nuevo esquema debió incluirse en el Decreto que derogaba la eliminación los subsidios, para lo que acordaron la conformación de una Comisión. El Presidente Moreno cumplió con la derogatoria, más los representantes de las Organizaciones Indígenas participantes en el Acuerdo no han cumplido el compromiso adquirido, hasta el momento, y la restructuración y focalización de subsidios sigue en espera.
Parece evidente que existe consenso nacional sobre la necesidad impostergable de racionalizar este beneficio, que hasta el momento se otorga de forma indiscriminada a todo consumidor de diésel y gasolina, independientemente del uso que le da, inclusive si lo transporta de manera ilegal fuera del país. Ahora debemos establecer el mecanismo adecuado que permita focalizar la subvención en las personas o usos que ameriten el sacrificio que significa para TODOS los contribuyentes aportar para cubrir este gasto, que generalmente se lo paga con deuda externa, que crece sin control.
Representantes de la Sociedad Civil han sido convocados por el Presidente Lenin Moreno, en el día del Escudo Nacional, para construir las bases de la focalización, resaltando la ausencia no explicada de la dirigencia indígena que debería representar a sus comunidades, honrando el compromiso públicamente adquirido ante el país. Cada sector tiene una visión distinta de la afectación que tendría la reducción o eliminación del subsidio. El desafío es buscar el punto de equilibrio entre el bien común, afectado por el impacto sobre el presupuesto general del Estado y el bien particular que se afecta al subir el combustible.
En la búsqueda de la fórmula, debería tratarse por separado la gasolina del diésel, pues su afectación es distinta. El consumo de gasolina a su vez podría segmentarse entre el parque automotor y otros usos. Dentro del parque automotor, se puede establecer un tratamiento para: vehículos particulares para servicio particular, vehículos particulares para transporte público y privado, y vehículos del Estado incluyendo Gobierno Central, empresas públicas y Gobiernos Autónomos Descentralizados.
El segundo elemento esencial, sería la identificación individualizada de cada vehículo automotor, para que su abastecimiento de combustible pueda ser monitoreado y controlado por medios electrónicos. Deberíamos tener dos tipos de gasolina “extra”, una con subsidio y otra sin subsidio, que podría ser la gasolina Ecopaís. Con esta información se podrían identificar aquellos vehículos que ameritan recibir el subsidio, considerando la capacidad adquisitiva del propietario, el uso que se le da y los cupos que podrían justificarse.
Estaríamos listos para permitir el abastecimiento de gasolina por medio de la tarjeta electrónica, que registraría el vehículo beneficiado, la cantidad adquirida y eso permitiría acumular en la cuenta individual hasta alcanzar el cupo establecido. A partir de ese punto, solo podría adquirir gasolina sin subsidio, en la cantidad que necesite.
En la era de la tecnología, debemos hacer el mejor uso de ella para resolver un problema que no hemos podido superar en casi 50 años. Derogar el Decreto no resolvió el problema. Solamente se difirió su solución.(O)