Los ecuatorianos debimos esperar por una larga década ganada por la corrupción, hasta la llegada de la justicia. Esta agonía de la democracia, en la que sinceramente no entendemos de donde sacamos la tolerancia pacífica, parece que finalmente se detuvo por una especie de implosión política, cuyas ondas expansivas están cubriendo todo el espacio de la gestión pública. Desde los espacios “reservados” del palacio de Carondelet, pasando por el “error inexcusable” de la Judicatura, el Consejo “sin participación ciudadana”, el Consejo que emula a Tibisai hasta la asamblea de los 100 compañeros de Ali Rafael, hemos observado absortos la capacidad siniestra de tantas manos limpias (sin dinero antes del ejercicio) y bolsillos ardientes.
No existen palabras para expresar la indignación que siente cada ecuatoriano que no participó en esta verdadera rovolución, mientras reinaba el hambre y la desocupación de un pueblo ingenuo que, a semejanza de la fábula del flautista de Hamelín, se dejó llevar al son de la canción “Patria, tierra sagrada” hasta el despeñadero social, político y económico. El efecto del impacto con la realidad ha sido tan fuerte, que hemos despertado de esa pesadilla para encontrar las arcas fiscales vacías y la corrupción enquistada en todo espacio de gestión pública, como lo atestigua el “Robin Hood” que comanda el Consejo de Participación Ciudadana de Transición.
¿Qué debemos esperar ahora? La tarea de descubrir las múltiples formas de corrupción será larga y penosa. Será necesaria la patriótica participación de ciudadanos honestos que gracias a Dios todavía existen y no han abandonado la lucha, como ocurre en otros países hermanos. Vamos por buen camino, pero debemos garantizar que las fuerzas ocultas no obstaculicen el avance. Se requiere devolver la capacidad de gestión a todas las instituciones que fueron creadas para controlar, investigar, denunciar, judicializar y finalmente sancionar a cualquier ciudadano, por importante que se crea, siguiendo el debido proceso con imparcialidad y severidad.
La corrupción no es una casualidad, ni una oportunidad que se presentó inesperadamente a los honestos funcionarios que se involucraron en los atracos a los recursos públicos. Es más bien una trama fríamente calculada que se complementa con un andamiaje legal para proteger a sus actores antes, durante y después de cometidas las fechorías. Prueba de ello es el “error inexcusable” de no haber aprobado en 10 años una ley que determine la recuperación de los perjuicios causados, con la incautación de los bienes indebidamente habidos como fruto de actos corruptos.
La investigación de actos de corrupción deberá incluir a los gobiernos provinciales, cantonales, y parroquiales. No es suficiente quedarnos con los peces gordos en el gobierno central y otros poderes. En este ámbito, preocupa la lentitud en la ardua labor de la Contraloría General del Estado, cuya limitada capacidad operativa está desbordada por la cantidad y magnitud de actos sujetos a investigación. Será necesario dotar a este organismo del personal idóneo necesario, a fin de que pueda intervenir oportunamente sin esperar los siete años que le faculta la ley, lo cual en muchos casos se convierte en tolerancia cómplice de los investigados, que se burlan de la sociedad e inclusive pretenden reciclarse. Debe devolverse su competencia de auditoría de gestión.
En nuestra olvidada provincia ha salido la punta del iceberg de la corrupción, gracias a los primeros exámenes especiales que la Contraloría ha generado, de muchos que se encuentran en proceso, desde hace varios años. En la medida que vayamos conociendo estos resultados y las sanciones administrativas, civiles y posibles responsabilidades penales, podremos apreciar que no nos quedamos atrás en esta materia. Nadie debe encubrir a los corruptos!(O)

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × tres =