Los ecuatorianos hemos tenido muchas pruebas de sobrevivencia en los doscientos años de vida republicana. La naturaleza, que es muy pródiga en nuestro pequeño pero hermoso país ecuatorial, nos ha hecho sentir su dominio del entorno con eventos volcánicos, sísmicos, inundaciones, fenómenos climáticos, incendios, marejadas y muchos otros. Sin embargo, los fenómenos antrópicos han superado la capacidad de desestabilizar nuestra convivencia, que siempre hemos esperado sea pacífica. Las buenas intenciones de los Padres de nuestra Patria no han caído en terreno fértil, pues en su mayoría han sido administradas por sus herederos políticos, que hasta el momento han fracasado.

Cuarenta y ocho años atrás, tuvimos la “mala suerte” de convertirnos en país petrolero, con todos sus beneficios y problemas, que posiblemente han superado a aquellos. El paso de un país pobre, considerado “subdesarrollado” con un producto interno bruto per cápita de menos de UN mil dólares anuales, a cerca de SEIS mil, atrajo una gran cantidad de “salvadores de la Patria” dispuestos a sacrificarse para administrar los jugosos recursos públicos que desde ahí hemos recibido. El sector público destinó gran cantidad de recursos a gasto y obra pública no productivos, que no han generado un valor agregado a nuestra economía, lo cual se es evidente al agotarse esos recursos temporales. El modelo concentrador de la era correísta se agotó con el fin del boom petrolero.

Con este panorama, no debería extrañarnos la presencia de muchos administradores de la cosa pública que se vieron tentados a meterle la mano a las arcas públicas, proliferando en relación directa con el crecimiento del presupuesto nacional que subió de cinco mil a más de treinta y cinco mil millones por año, es decir un flujo de CIEN millones por día. Paralelamente, se instauró una estrategia fríamente concebida desde las alturas del Poder para allanar el camino en el cometimiento de creativas maneras de apropiarse de fondos, destinados a satisfacer las ilimitadas necesidades de una población que mayoritariamente no genera sus propios ingresos de forma adecuada. Observamos impotentes y silenciados por el autoritarismo, cómo se castraron las capacidades de las entidades de control como Contraloría General, Fiscalía, Poder Judicial, Corte Constitucional, Consejo de Participación Ciudadana, entre muchos otros.   

La estrategia de “perseguidos” que esgrimen todos aquellos convencidos de haber cometido el “crimen perfecto” sin dejar huellas que les comprometan, ha llegado a su fin gracias a los lentos pero seguros desmontajes de esas estructuras delictivas, y la valiente actuación de funcionarios públicos que están respaldados por los ciudadanos que demandamos justicia, para llevar ante la autoridad competente a TODOS los que han ejercido el poder y, previo el debido proceso tan bien garantizado por los propios enjuiciados, sean impuestas las sanciones penales y civiles que en Derecho correspondan. Sin cantar victoria, en una lucha desigual que recién se ha iniciado en defensa de los más altos intereses nacionales que se han vulnerado con premeditación y alevosía, podemos avizorar la esperanza de que vuelva a imperar la honestidad en la función pública, desterrando la CORRUPCIÓN que ha hecho metástasis en todos los niveles de Gobierno.

Hace mucho tiempo no veíamos una actuación del Poder Judicial, apartado de las presiones hacia cualquier lado, que inspire confianza en la administración de justicia, que es la primera condición para que exista paz social e igualdad. La actuación de los fiscales y jueces que intervinieron en el JUICIO DEL SIGLO -que judicializó el uso de fondos de dudosa procedencia, para financiar campañas que buscaban manipular la voluntad popular- ha sido valiente y ejemplar. La justicia debe seguir “persiguiendo” corruptos, con la Ley en la mano.

¡La justicia ha llegado!   (O)