El levantamiento indígena de octubre 2019 y su reprise en junio 2022, evidencian que existen problemas de fondo que, como el magma en una erupción volcánica, emergen desde las entrañas, fracturando sus estructuras hasta salir a la atmósfera y esparcirse por toda la zona de influencia. La sociedad ecuatoriana debe analizar los hechos y especialmente las “causas”, que no son provocadas por el gobierno de turno, sino arrastradas desde la época Republicana, acentuadas por los vaivenes de la economía mundial, azotada ahora por la pandemia y sus efectos colaterales. Una de las consecuencias de las desacertadas políticas públicas y de la gestión de los improvisados políticos que han tomado a cargo el manejo de nuestros recursos en los 50 años de era petrolera, es la pobreza.

Gracias a la bonanza petrolera y el dispendio público, que naturalmente no es sostenible en el tiempo, la pobreza se redujo a 22% y la extrema pobreza a 7.4% en 2015. Lamentablemente, la crisis iniciada en ese año y posteriormente la pandemia, provocaron el ascenso de estos índices, llegando la pobreza a 32.2% (ingreso inferior a $84.70 mensual) y la extrema pobreza a 14.7% (ingreso inferior a $47.70). ¡Esto es insostenible! No cabe duda que el primer objetivo del Estado debe ser garantizar la “subsistencia” de aquellos sectores que no pueden generar los ingresos mínimos. La forma de hacerlo, es promoviendo el crecimiento económico para que el sector privado abra nuevas plazas de empleo sostenible. El Estado no tiene posibilidades de crear directamente empleo. Su rol es generar las condiciones para atraer mayor inversión privada, alentando actividades de alto valor agregado y empleos de calidad.

Mientras eso ocurre, el Gobierno debe acudir de urgencia en auxilio de los pobres, con acciones efectivas para asegurar el alimento, vivienda y salud. Así se justificaron los bonos creados en el gobierno de Jamil Mahuad, corregidos y aumentados en los subsiguientes gobiernos. La gran pregunta es si podemos identificar aquellos pobres. Para esto, el gobierno creó un “registro social” en 2010 con información levantada del último censo, en aquél año. Extrañamente, este registro de pobres se ha manejado siempre con total hermetismo desde la Presidencia de la República, sin que ninguna agencia oficial tuviera acceso. 

Han transcurrido 12 años y este no ha sido actualizado. Obviamente, los datos que arroja están totalmente desactualizados. Aquellos que fueron pobres en 2010, siguen recibiendo bonos, aunque hubieren superado la pobreza. Mientras que, otros ciudadanos que ahora son pobres, no son reconocidos como tales y no reciben ayuda. Consecuentemente, los bonos no están cumpliendo su función. Mientras no se cuente con un registro confiable actualizado, no será posible cumplir eficazmente con el objetivo de esta ayuda extraordinaria. El Estado debe implementar paralelamente, estrategias de ayuda encaminadas a “enseñarles a pescar” y no limitarse a alimentarles.

Sorprendentemente, las mesas de negociación entre las organizaciones indígenas y el Gobierno, no analizan esta cruda realidad. Mientras los pobres son esclavos de las circunstancias y víctimas de desnutrición, condiciones infrahumanas de vida, inseguridad y exposición a riesgos del entorno, ¿acaso no deberían priorizarse recursos para aquellos sectores antes que alivianar el costo del combustible para quienes disponen de automotor? Esto demuestra que la clase política tiene otros intereses alejados de la real situación de la mayoría de la población a quienes dicen defender. 

Para agravar las cosas, las consecuencias de la pandemia se reflejarán en la falta de alimento a nivel global en los próximos meses, profundizando la pobreza y desnutrición. Ecuador tiene las condiciones para enfrentar el riesgo de hambruna y puede producir suficientes alimentos para garantizar sus necesidades y exportar los excedentes.

¡ENFRENTEMOS LA POBREZA!