Con algún esbozo de lo que quiere hacer, el Presidente de la República ha comentado en varias entrevistas su intención de convocar a una Consulta Popular en marzo del 2023 (conjuntamente con las elecciones seccionales) para que la ciudadanía decida los cambios que deben darse en el Sistema Judicial del Ecuador, la enésima vez desde que volvimos a la democracia.

            Para quienes ejercemos la profesión de abogado sin duda las reformas en la Función Judicial son urgentes, es inadmisible que procesos ordinarios duerman el sueño de los justos al menos 5 años, que juicios de divorcio por causal lo hagan 3 y que la sola gestión de citación dure -según la ciudad- entre 3 y 6 meses, en pleno COVID, cuando llegan a citar al demandado, éste ha muerto, hasta ahí, cualquier intento de cambio tendrá nuestro apoyo.

            El problema es esa tentación de olvidar la DIVISIÓN DE FUNCIONES lo que demuestra además que la idea de concentrar poderes, puede estar aún por encima de la racionalidad y que “amoldar” la Función Judicial, su organización y liderazgo al quehacer político siempre estará en mente de quienes nos gobiernan y eso, simplemente me aterra.

            Voy a pasar la página de mis miedos y trataré de plasmar en este artículo los cambios que creo deben darse en la Función Judicial, basado en mi propia experiencia de 10 años de libre práctica y de casi 15 entre pasante, junior, asociado y socio:

1.         Debe afianzarse y respetarse a carrera judicial y fiscal, brindando estabilidad a los funcionarios que están en ella y que a través de su profesionalización puedan ir ascendiendo; la carrera judicial debe ser de RESISTENCIA y no de velocidad, la improvisación al designar Magistrados nada bueno trae al sistema, si alguien quiere llegar a la Corte Suprema (ojalá deje de llamarse Nacional) tiene que haber sido al menos Juez de primera instancia y luego de la Corte Superior (olvídense del nombre de Provincial).

2.         Los períodos de los jueces deben ser idénticos, nada de renovación “por partes” ¿qué quieren? ¿ganar mayorías políticas en cada tercio de período? ¡No señores! Los jueces deben tener períodos fijos (se me ocurren 5 años para Jueces cantonales, 8 para Ministros de Cortes Superiores y 10 para Magistrados de la Corte Suprema), con la posibilidad de ser reelegidos indefinidamente ¿Saben por qué? Porque en los cambios que se dieron recién, brillantes jueces y juezas se fueron y muchas sentencias volvieron a ser de 6 páginas, donde 4 y media son la copia de la demanda y las sentencias apeladas o casadas.

3.         La Escuela de la Función Judicial debe permitir, facilitar y adecuar la suscripción de convenios institucionales con Centros de Formación Profesional para que los funcionarios judiciales gocen de becas y permisos para su propia capacitación como abogados y en sus postgrados y doctorados, hay que ayudarlos a crecer, no asustarlos con que el 31 de diciembre se acaban sus contratos.

4.         Se tienen que llenar con urgencia las vacantes existentes, sobre todo de amanuenses, citadores, secretarios y jueces de primer nivel, espeluzna ir a la oficina de Citaciones y tener que tomar un turno para “el próximo lunes” para que “nos den buscando las boletas” y agendar la citación en abril del 2022 porque “estoy a full Doctorcito”.

5.         Deben digitalizarse los expedientes para la consulta de las partes, el SATJE está bien, pero tiene 10 años y las gestiones procesales que se hacen no están completas, no se puede ver los escritos de la contraparte y se requiere obligatoriamente visitar las dependencias de archivo, esperando “sacar la copiecita” para tener el juicio antes de la Audiencia.

6.         En ese mismo marco, las Audiencias Telemáticas deben ser la regla y no la excepción, para ello hay que dotar de buena conexión a las Unidades Judiciales, claves de acceso profesionales a los funcionarios y EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO.

7.         No se puede descuidar el principio de especialidad, aterra litigar en Unidades Multicompetentes en los cantones pequeños, no porque los jueces sean malos, sino porque mientras tú estás litigando por alimentos, la próxima audiencia (del mismo juez) es de linderos y la siguiente Preparatoria de Juicio por Violación y si llega una constitucional ¡pobrecito! Se suspende la de alimentos, “a la miércoles” los linderos y que el procesado espere.

8.         Finalmente, los procesos constitucionales deben tener jueces especializados, tanto a nivel cantonal como provincial, que desarrollen criterios aplicables en casos análogos y que no estén al vaivén de abogados que creen que “todo es constitucional” y por ende “todo tiene medidas cautelares”.

No quiero cerrar este artículo sin hacer hincapié en algo pendiente de la Función Judicial desde hace más de una década LA HOMOLOGACIÓN SALARIAL, esa funesta decisión de quienes al mando de la Justicia discriminaron a funcionarios de carrera y les metieron la mano en los bolsillos, poniéndolos en bandas distintas a sus propios compañeros, en los mismos cargos; el Estado debe ser responsable y pagar esas diferencias salariales a quienes están y a quienes se fueron, incluso a quienes murieron, con todos los intereses y recargos que deben darse, porque fue el Estado a través de sus funcionarios quienes perjudicaron sin piedad a miles de familias de judiciales y hasta hoy no son capaces de hacerse responsables, Presidente Lasso, si quiere empezar por algo, hágalo por aquí, por honrar el derecho al trabajo de los judiciales, que se traduce en idénticos sueldos para idénticos cargos.(O)