Siempre fue materia de preocupación, el destino y la situación de una de las instituciones más importantes y queridas del país: el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Escuchar de manera reiterada la urgente necesidad de contar con estudios actuariales para establecer su realidad y sostenibilidad económica, ha sido la constante inquietud de la mayoría de afiliados y pensionistas, así como de las autoridades que a su turno la dirigieron.

Las otrora Caja de Pensiones y Caja del Seguro, como actualmente el IESS, fueron entidades manejadas por muy pocas administraciones en forma técnica y adecuada; y, otras, de manera poco responsable, sobre todo una que arbitrariamente tomó por asalto sus recursos como si fueran del gobierno, sin considerar que éstos pertenecen por ley y derecho a sus afiliados. Esto ha contribuido a generar justa inquietud de que peligren las distintas prestaciones a mediano plazo, como lo vienen alertando varios expertos en la materia. 

Lo cierto es que el sistema de seguridad social en el Ecuador requiere atención prioritaria. La Constitución de Montecristi, impuso al estado ineludibles obligaciones.  Según el artículo 34, “la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado”, y añade que se regirá por principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación.

El plan de gobierno del presidente Lasso (2021-2025) -quizás el único completo que se exhibió en la campaña-, contiene propuestas muy serias bajo el capítulo “Seguridad social digna”. Se reconoce que “se necesitan reformas estructurales de fondo y no solo de forma”, y, además, busca que “más ecuatorianos accedan a la cobertura de la seguridad social”, situación que será posible “impulsando empleos formales a lo largo y ancho del Ecuador”, aspiración ciertamente loable y extremadamente alentadora para recuperar la economía y afianzar el sistema.

Coincidimos en su anhelo y determinación cuando se afirma: “salvemos la seguridad social”, tarea que debe encargarse a personas conocedoras del sector y expertas en administración de pensiones, para que encaren sus acciones alejadas de consideraciones políticas de simple coyuntura. Debemos exigir medidas definitivas para socorrer al IESS, a fin de que no se deje a los jubilados -que dieron lo mejor de sus esfuerzos en su vida de trabajo-, sin una justa pensión que satisfaga sus necesidades.

El fondo de pensiones del IESS -se ha dicho-, casi no tiene recursos para cubrir esta obligación para con los casi 500 000 jubilados, ocasionado -entre otras razones- por no recibir el aporte del estado y por la compra obligada de papeles emitidos por el Banco Central y que no tienen ninguna demanda en los mercados bursátiles. Por tanto, es exigible el pago del aporte estatal. En todo caso, cualquier ajuste a los aportes que se pretenda realizar deberá estar precedido por un estudio actuarial con un horizonte de 25 años.

Nuestro respeto y cariño al Seguro Social nace porque mi hermano -por años funcionario del IESS-, fue el gran impulsador de la creación de la denominada “División de Riesgos del Trabajo”, que se ocuparía de proteger a los asegurados y empleadores en las contingencias derivadas de accidentes de trabajo, generando toda una suerte de normativa para este propósito. Una placa recordatoria en honor al “Dr. Trajano Naranjo Iturralde”, dispuesta por el Consejo Superior del IESS, en 1992, figura en las oficinas de esta dependencia, ubicada en la avenida Naciones Unidas y Veracruz.

Los grandes problemas que hereda el gobierno son de tal magnitud, que amerita poner en vigor sus propuestas de solución: ahí es cuando el estadista tiene que exhibir sus cualidades para procurar las reformas que se requieren y sacar adelante al IESS. En caso contrario, el actual sistema de seguridad social puede colapsar. (O)