Resulta indefectible no analizar la sentencia expedida en el juicio penal que por asociación ilícita investigó la Fiscalía General del Estado y juzgó el tribunal de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, en contra del actual Vicepresidente de la República del Ecuador, dentro de un tiempo récord como nunca antes se había experimentado.
La conducta que se juzgó dentro del abanico de actos que se van descubriendo de la ejecución del mandato de las autoridades públicas, que tuvieron el manejo del estado ecuatoriano, fue la de menor importancia y la más leve, cuando de por medio se establecían otros delitos como son el peculado, testaferrismo, delincuencia organizada, concusión, tráfico de influencias, lavado de activos y otros, cuya gravedad obliga a ser investigada y no dejar en la impunidad.
La audiencia de juicio fue duradero por la cantidad de medios probatorios que los sujetos procesales aportaban para el cargo y descargo de sus imputaciones, así también por ser varios procesados los que se encontraban involucrados en las acusaciones de la Fiscalía.
Al ser un caso atípico de colaboración internacional, debía adecuarse el esfuerzo probatorio a establecer aportes de investigaciones que en su momento fueron utilizadas en los Estados Unidos de América y Brasil, ya que la empresa Odebrecht, principal involucrada en la trama de corrupción laboraba en varios país de Latinoamérica, por lo cual los juicios se han multiplicado; por cuanto la actuación de este organismo privado fue el mismo donde actuaba, para ganar las obras públicas y hacerse de cuantiosos ingresos que le permitieron ubicarse como una de la empresas constructoras más grandes del mundo y además influyentes con los gobiernos de turno.
En estos momentos actuales dentro del Congreso del vecino país del Perú, existe la petición de destitución del primer Mandatario de dicho Estado, sin contar que en otros países existen altas personalidades involucradas en estas actuaciones, muchos de ellos en la cárcel.
En el entorno político en el Ecuador -en un determinado momento- se demostró que era imposible realizar investigación alguna, ya que las autoridades llamadas al efecto no realizaron nada, y eso se vislumbró en sus continuas omisiones, dejando atrás lo que se evidenciaba y era palpable.
El mismo proceso electoral donde se eligió al Presidente y Vicepresidente de la República del Ecuador, marcaba los tiempos de conformidad a las necesidades del oficialismo, para que no se vea afectado en la decisión del elector.
Hoy se conoce más profundamente esta aseveración, con la filtración de los audios del exsecretario de la Presidencia de la República, Eduardo Mangas.
En todo caso, el desarrollo del juicio fue seguido con mucha acuciosidad por toda la audiencia del país, porque se iban publicitando y confirmando las denuncias que en su tiempo se realizaron y fueron perseguidas con acciones judiciales en contra de personas, investigadores y periodistas que tuvieron la valentía de presentar sus aportes ante una Fiscalía inoperante e ilimitadamente politizada.
Los audios, videos, delaciones, testimonios, documentos, transferencias, fueron precisamente evacuados según la importancia de la prueba en contra de los procesados, así como los debates y las circunstancias del juicio, a tal punto que inclusive la Procuraduría General del Estado -por su negligencia- fue declarada la querella propuesta en condición de abandono.
Ahora tenemos una sentencia condenatoria en contra del Vicepresidente de la República, como mentalizador de esta asociación ilícita, y uno de ellos le fue ratificado su estado de inocencia; pero la empresa corruptora libre de toda culpa a pretexto de su denominada colaboración eficaz.
La sentencia está a medias, porque hubo despreocupación no sólo en la defensa de los intereses del pueblo ecuatoriano, sino porque todo se centró en un delito menor, y además en una privación de libertad; pero nos preguntamos: ¿Y LA PLATA?
¿Dónde está?
Si bien los jueces nos informan de un valor de coimas que supera las tres decenas de millones de dólares, ésta no se va a restituir, es decir solo es una declaración lírica, por cuanto los patrimonios de los procesados no reflejan su condición actual, en virtud de que dichos movimientos financieros se realizaron en otros países y latitudes, por ahora desconocidos.
Además el monto no es el real, ya que si bien se contabiliza un rubro exacto, este no dimensiona el perjuicio irrogado por lo que se dejó de utilizar, lo que conocemos como lucro cesante, por lo tanto ni el monto ni su verdadera ubicación lo tenemos en la actualidad. Esta debía ser labor de la Fiscalía, Procuraduría y Acusación Particular.
Si bien la querella del Abogado del Estado se declaró en abandono, esto no significa que está fuera de las indemnizaciones, al contrario, la misma Ley permite proseguir en la recuperación.
Como ecuatoriano pido que también exista otro tipo de reparaciones: a) Disculpas públicas, b) Monumento de la corrupción ubicado en las afueras de la Vicepresidencia, c) Convenios de cooperación de la Fiscalía y Procuraduría con otros países para recuperar el dinero; y d) Que el Presidente actual pida la renuncia de todos quienes coadyuvaron para estos delitos y que se encuentran en funciones.
ESO SÍ ES REPARACIÓN INTEGRAL.(O)

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