La “década ganada” para unos, imperó no solo el monopolio ideológico uniforme y disciplinado, sino a la vez representó la imposición en cargos públicos a una sola esfera de personal alineado con un solo membrete y hasta juramentos de lealtad, que aseguraban la consecución de un supuesta “revolución ciudadana” que en el ideario colectivo implementaba su permanencia en centurias de vida.
El desgaste de la denominada partidocracia produjo que la ciudadanía se agote por la entrega de cuotas en la institución pública, de adeptos a las organizaciones que ascendían al mandato del pueblo. Precisamente en la época del ejercicio del Mandato del coronel Lucio Gutiérrez se evidencio con más fuerza este fenómeno, que acabo con su ejercicio de la presidencia, cuando pactó con determinados partidos políticos para acabar con un sistema de justicia, que si bien no tenía un grado de independencia perfecto, por lo menos había asentado preceptos de respeto por la figuras de alta consideración en estos espacios profesionales y técnicos.
En aquella época cuando se denunció la politización de la justicia, el relator especial para la Independencia de la Judicatura, el argentino Leandro Despouy, visito el Ecuador para verificar in situ, si esta probabilidad tenía su grado de certeza, para lo cual se entrevistó con diferentes actores públicos y sociales, los mismos que manifestaban sus apreciaciones y demostraban que las cuotas de poder fueron entregadas en la justicia a pretexto de derrotar a grupos de la derecha, como los social cristianos que tenían también un imperio de dominio en estas entidades.
Al final, como una de las perlas de estas entrevistas, el presidente del entonces Tribunal Constitucional del Ecuador, ubicado en ese cargo por uno de los partidos políticos que “asaltó” las cortes, sin rubor alguno afirmaba que “ahora la justicia era más democrática porque tienen a representantes de más partidos políticos”, lo que a nivel nacional e internacional, generó una reacción que espeluznó y llenó de titulares los diversos medios de comunicación social.
Estas declaraciones sirvieron inclusive de prueba para que los afectados en el caso por ejemplo de la “Pichi” Corte, es decir los jueces de la ex Corte Suprema de Justicia demanden al Estado ecuatoriano por su salida inconstitucional y contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que al final como país tocó indemnizarles económicamente, lo que representa en sí que cada ecuatoriano a través de sus impuestos pagó por la negligencia e irresponsabilidad de “padres y madres de la Patria” que por hacerse de la Justicia no tuvieron reparo alguno para poner a sus amigos y asegurar su presencia en estos organismos del Estado. Inclusive ahora estos ex legisladores, afrontan juicios de repetición para que devuelvan lo que se pagó a estos jueces nacionales.
El punto de partida del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, tiene un Poder originario y constituido, que nació de una consulta popular, es decir el pueblo de manera directa se pronunció y exigió que este Poder sea transformado y despartidizado, para lo cual se recurrió a su conformación de presencia ciudadana, supuestamente ajena a los partidos y de esencia apolítica, cuyo nacimiento en cambio provenía de corporaciones gremiales que no cometan los mismos errores del pasado.
Esta iniciativa altruista mereció el apoyo por los personajes que se encuentran conformando dicho organismo de alto nivel, y a partir de aquellos, empezar a cambiar a los actores que configuran las principales instituciones del Estado ecuatoriano; es así que trabajadores, movimientos sociales, indígenas, académicos y otros se van imponiendo en estos espacios.
Sin embargo, el peligro resulta latente en retornar lo que ha existido permanentemente en la realidad nacional, tanto antes de la década, como el correísmo, esto es, que la justicia nuevamente tenga representantes políticos comprometidos con brazos ideológicos que aseguren sus cuotas de Poder en estas instituciones que deberían ser dirigidas por profesionales técnicos, calificados, con experiencia jurídica trascendente y además sin compromiso de Poder, que al menos se los haya vislumbrado si bien en el ejercicio profesional, en el jurisdiccional, academia y que sobre todo puedan dirigir este servicio público especializado como es la Judicatura en cada una de las provincias del Ecuador.
Me parece, que al final podemos caer nuevamente en los errores ya relatados y otorgar un mensaje del cual el ex Presidente Rafael Correa ya hace gala sobre la “politización de la justicia”, ya que en los respaldos por ejemplo para llenar vacantes de transición en las delegaciones del Consejo de la Judicatura, encontramos algunos postulantes que a pretexto de representar a este tipo de organizaciones, en esencia son puntas de lanza de partidos políticos que nuevamente quieren regresar a estas Cortes y su escenario administrativo.
Si bien el reglamento de su elección destina fases de impugnación y control ciudadano, no asegura de ninguna manera que este tipo de filtros sirvan para que los mejores accedan a estos puestos, ya que el mensaje corporativo, quiere imponer criterios para ubicar en estos puestos a personas sin trascendencia profesional, invisibilizados en el campo técnico jurídico, y abiertamente militantes de partidos políticos tradicionales que nuevamente retornan a la esfera pública.
Ojala el Consejo de la Judicatura de Transición elija, designe y posesione a profesionales con criterios de conocimiento, altamente preparados, con un talante de independencia, con suficiente experiencia y que su misión sea el de mejorar a la justicia, más no ser dependientes y que nuevamente reparta esta Institución como un botín más.(O)

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