La escuálida situación económica de la mayoría de gobiernos seccionales autónomos, les induce a ser “creativos” a la hora de cobrar tributos a los contribuyentes, cuya economía sufre los efectos de la falta de crecimiento económico, la falta de empleo y el encarecimiento de la vida. Una de esas formas es la imposición de TASAS por servicios, aprovechando las competencias que tienen, recientemente incrementadas por traspaso desde el Gobierno Central, que prefiere endosar la solución de esos problemas que causan dolores de cabeza y repercuten en su imagen política.
El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización “COOTAD” que rige el accionar de los GAD municipales, determina que las municipalidades podrán aplicar las tasas retributivas de servicios públicos que establece este Código, así como sobre otros servicios públicos municipales, siempre que se guarde relación con el costo de producción de estos. Se entenderá por costo de producción, el que resulte de aplicar reglas contables de general aceptación, debiendo desecharse la inclusión de gastos generales de la administración municipal que no tenga relación directa y evidente con la prestación del servicio.
El monto de la tasa puede ser inferior al costo, en casos de necesidades de gran importancia para la comunidad, es decir podría el GAD asumir la diferencia entre la tasa cobrada y el costo del servicio. Dispone, además, que el Estado y más entidades del sector público pagarán las tasas que se establecen por la prestación de los servicios públicos que otorguen las municipalidades y sus empresas. Los servicios sujetos a tasas son: aprobación de planos, inspección de construcciones, rastro, agua potable, recolección de basura y aseo público, control de alimentos, alcantarillado y canalización, entre otros.
La figura de tasas es uno de los TRIBUTOS que pueden establecer los GAD Municipales mediante ordenanza, los que obligatoriamente deberán aplicar las contraprestaciones patrimoniales (tasas) que hubieren fijado para los servicios que presten, aplicando el principio de justicia redistributiva, cuyo incumplimiento podrá ser causal de destitución de los funcionarios responsables. (Art. 186). El Concejo Municipal es el llamado a sancionar en caso de incumplimiento, sin perjuicio de las sanciones al funcionario responsable del incumplimiento.
Con estos antecedentes, es penoso observar que se dictan, con frecuencia, ordenanzas que establecen tasas por servicios públicos que son competencia exclusiva de los Municipios, irrespetando esta normativa clara y de cumplimiento obligatorio, que está por sobre la jerarquía de una ordenanza, y no puede ser modificada o ignorada.
En resumen, el Municipio que brinde EFECTIVAMENTE un servicio, debe establecer de forma técnica, con sujeción a normas contables de general aceptación, el costo real que proyecta tener de forma anual, y recuperarlo por medio de la tasa que se establezca para los beneficiarios del servicio, bajo la política redistributiva, considerando su capacidad adquisitiva, de forma tal que NO SUPERE el costo del servicio brindado. Por tanto, no existe facultad legal para que se pretenda financiar la construcción de obras de infraestructura para la prestación de servicios públicos mientras no se preste el servicio. Tampoco se pueden conceder “exoneraciones” al Estado ni a las entidades del sector público.
La inobservancia de estas disposiciones claras y precisas por parte de funcionarios que por desconocimiento de la norma que determina que el funcionario público puede hacer únicamente lo que le faculta la ley, o por arrogarse facultades que no tiene, causa inseguridad jurídica a los ciudadanos, quienes pueden acogerse al derecho de resistencia a cumplir la ordenanza ilegalmente promulgada, pues en estas circunstancias el tributo indebidamente establecido se convertiría en IMPUESTO, cuya facultad privativa la tiene el ente Legislativo Nacional, en este caso la Asamblea Nacional. (O)

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