Por mera coincidencia, está de moda hablar de la presencia del mal llamado Centro de Rehabilitación Social, que más bien es un centro de “deshabilitación” social, considerando la penosa situación que deben afrontar más de cinco mil PPL, que por estar con detención PROVISIONAL esperando sentencia, o con sentencia en firme, están privados de libertad y de los más elementales derechos que todo ser humano debe conservar.
Hace aproximadamente siete años, el poder decidió desmantelar el tristemente célebre PENAL GARCÍA MORENO para mejorar la alicaída imagen del alcalde Augusto Barrera, que pretendía ser reelegido, cuyo capricho era que se le ubique fuera del Distrito Metropolitano. Su jefe de campaña, Rafael Vicente, empezó a gestionar la construcción ofreciendo una “compensación” de treinta millones de dólares al cantón que acepte esta “gran inversión” que atraería desarrollo económico. Ante el silencio, optó por disponer la construcción en terrenos de Poaló, junto a EXPLOCEM. Los aguerridos habitantes de Maca se instalaron en el predio y no se movieron hasta que desistió el emperador de su infeliz iniciativa.
Un iluminado qorreista resolvió el problema colocando una valla en terrenos de la Brigada Patria, anunciando la construcción de un CONJUNTO HABITACIONAL y empezó la movilización de tierras y equipo pesado a trabajar noche y día, con el contubernio de las autoridades gubernamentales locales que decían no conocer al respecto, remitiéndose al Ministerio de Justicia, que nunca negó la verdad. Elegante manera de ¡MENTIR!
A escasos días de las elecciones, el desesperado jefe de campaña de Barrera, Rafael, dispuso que se trasladen los primeros PPL para inaugurar ante los quiteños el NUEVO PENAL, sin que haya estado listo para recibirlos, pues no disponía de servicios de agua potable, tratamiento de aguas servidas, energía eléctrica, personal capacitado, etc. poniendo en peligro a PPLs, servidores públicos y población circundante. Claro que esta movida de salvataje a Barrera, que no funcionó, le hundió a su otro coideario, Rodrigo Espín, pero no importó.
Este centro está diseñado para 4.830 PPL y únicamente debería albergar a personas de un solo sexo, que tengan sentencia en firme, pues no es legal poner en el mismo centro a quienes tienen únicamente orden de detención PROVISIONAL, es decir que no han sido declarados culpables y por tanto se consideran INOCENTES. Más grave aún, se mantienen mujeres con sentencia, que deben cumplirla en un centro exclusivo para mujeres.
Cinco años más tarde de la triste inauguración, la clase política quiere despertar para buscar culpables y ajusticiarlos con motivo de las elecciones próximas, probablemente para dejarlo en el olvido por otros cuatro años. ¿Acaso no debemos reconocer que TODOS somos responsables? ¿No seremos culpables de no haber tomado acción, como valerosamente lo hicieron los habitantes de Poaló para salvar su territorio? Asumiendo esta culpa, debemos buscar soluciones.
La inversión es alta y la infraestructura no se presta fácilmente para otro uso, pues ha sido diseñada con alto nivel de seguridad para ese objeto. La población carcelaria es enorme y creciente en todo el país. Esto causa sobrepoblación que agrava la situación de los PPL, que son seres humanos que han cometido un error y deben pagar con privación de la libertad.
Entonces cabe proponer que se destine este Centro EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS CON ORDEN DE DETENCIÓN PROVISIONAL. Esta meta puede ser a mediano plazo, dos años, pero debemos exigir una HOJA DE RUTA que determine una primera etapa INMEDIATA de máximo ocho meses para retiro de los PPL de ALTA PELIGROSIDAD Y MUJERES; una segunda para retiro de los de MEDIA PELIGROSIDAD, dieciséis meses; para finalmente retirar los de BAJA PELIGROSIDAD, dos años. ¡NO nos quedemos tras las rejas!(O)