Gran suspenso causó la devolución del proyecto ‘Ley de creación de oportunidades’ enviado por el presidente Lasso a la Asamblea. Entre las facultades del Ejecutivo, está la ‘exclusiva’ de presentar proyectos de ley en materia económica que además pueden ser calificados de ‘emergencia’, en cuyo caso la Asamblea dispone de treinta días para discutirlo en dos debates, caso contrario entra en vigencia sin cambios, por ministerio de la ley. La única condición es que trate una sola ‘materia’, aunque no define con precisión el alcance de esta palabra.

En los trece años de vigencia de la Constitución presidencialista de Montecristi, sus autores han usufructuado de ella, enviando múltiples proyectos de ley de emergencia económica cubriendo una amplia gama de temas, haciendo una generosa interpretación de la materia tratada. La Corte Constitucional por su lado, en cumplimiento del control constitucional, ha fallado en varios casos estableciendo que bien pueden tratarse varias leyes mientras la materia sea la misma. La competencia para dirimir sobre la constitucionalidad de un acto radica en un juez constitucional, y no en la Asamblea ni en el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).

El proyecto enviado, ciertamente es extenso, y propone reformar 32 leyes en diferente magnitud, todas ellas relacionadas con la pretensión de ‘reactivar la economía’, que sería el hilo conductor que las relaciona, convirtiéndose en la materia tratada. La complejidad de la propuesta guarda relación con la necesidad de enfrentar el estancamiento económico, la pérdida de empleo, la falta de inversión productiva, la ausencia de capitales a bajo costo, que son un clamor del pueblo ecuatoriano. No cabe enfrentar la crisis tapando huecos, ni obedeciendo a pequeños grupos que ejercen presión para imponer sus caprichos. Los problemas estructurales demandan soluciones de igual dimensión. Este estilo de gobernar difiere de los intereses partidistas.

Para sorpresa de quienes no somos políticos, el CAL -con una débil votación de cinco personajes sin competencia ni conocimiento- determinó ‘devolver’ el proyecto al Primer Mandatario y concederle 30 días para corregir lo que consideran ‘vicios de inconstitucionalidad’. Esa abrogación de funciones para asumir una función  constitucional, raya en lo inaudito. Siendo un cuerpo colegiado político, con parcialidad hacia sus propias ideologías, no podría jamás tener la calidad de jueces y resolver un conflicto de esta naturaleza. Así lo establece la Corte Constitucional en el caso Yunda, dejando en claro la distinción entre un ente eminentemente político como la Comisión de Mesa del Distrito Metropolitano de Quito y los entes jurisdiccionales.  

La seguridad jurídica es un bien nacional indispensable para salir del subdesarrollo. Respetar lo que establecen las leyes y la competencia de los organismos, es fundamental para construir un Estado de Derecho. La ley está para cumplirse al tenor de lo que ella prescribe, sin espacio a interpretaciones antojadizas por ningún personaje público ni privado, salvo los facultados por la ley suprema. La Constitución hecha a medida de otros usuarios pasajeros del poder, que ahora prueban su propia medicina, prescribe un plazo inamovible de 30 días para su aprobación. No existe la figura de devolución ni facultad de calificar su constitucionalidad por parte del CAL.

En gesto de espíritu democrático, el presidente Lasso ha capeado esta ilegal agresión a sus facultades presidenciales, y pudiendo haber esperado el día 31 para publicar la ley, en un gesto de Estadista que honra el mandato recibido del pueblo, ha resuelto dividirlo en partes para lograr que el Legislativo cumpla sus obligaciones y aporten soluciones para salir de la crisis. Ahora corresponde a los legisladores darnos muestra de su capacidad de legislar y no solo de bloquear.

¡ LES ESTAMOS OBSERVANDO!