La autonomía y descentralización de los gobiernos seccionales establecida en el Cootad en 2010, otorga a los GAD municipales la facultad de emitir ordenanzas, que son disposiciones administrativas de carácter general de cumplimiento obligatorio que crean derechos y obligaciones, con ámbito de aplicación exclusivamente en su territorio. Cada uno de los 221 cantones y distrito Metropolitano debe actualizar el complejo tejido legal respetando, naturalmente, las limitaciones y cumpliendo las disposiciones establecidas por normas jerárquicamente superiores como la Constitución, Códigos y Leyes.
A pesar de que han transcurrido ocho años desde su vigencia, es muy pobre el trabajo de legislación que los Municipios han logrado consolidar, pues deben reformar un gran número de ordenanzas obsoletas y crear nuevas, de acuerdo a las necesidades actuales. La capacidad legislativa es muy baja en la gran mayoría de cantones, que en muchos casos se limitan a copiar el trabajo que realizan los Cabildos de municipios más grandes, aunque no siempre son aplicables. La carencia de capacidad técnica para estructurar las normativas es crítica, especialmente en los municipios pequeños.
En el cantón Latacunga se discute la actualización de la ordenanza de uso de suelo, que reviste una importancia vital para el desarrollo territorial. Es particularmente delicado el tema de uso de suelo en las zonas amenazadas por el flujo de ‘lahares’ o flujos de lodo y escombros, en el caso de darse una erupción del volcán Cotopaxi. Esta es la razón por la que se ha detenido por más de un año su trámite. Conscientes de la necesidad de contar con estudios que respalden cualquier decisión, la Comisión encargada solicitó al Alcalde que se contrate un estudio de simulación de flujo de lahares para determinar con precisión las zonas que podrían afectarse y cuantificar los flujos que se podrían esperar. Finalmente se cuenta con dicho estudio desde noviembre 2018.
El Cootad determina que la gestión de riesgos debe realizarse de forma CONCURRENTE (conjunta) con el Gobierno Nacional, lo cual es elemental, pues el riesgo excede en mucho la capacidad del Municipio de Latacunga. Lamentablemente, hasta el momento no se ha gestionado ante el Presidente de la República esta intervención y el GAD Municipal ha caminado solo.
Concluido este PRIMER paso, debe continuarse con un estudio pormenorizado de vulnerabilidades en las zonas de riesgo para establecer la factibilidad técnica de realizar obras estructurales y, en caso afirmativo, establecer el costo que tendría la obra. Solamente entonces, podría determinar el Gobierno Nacional si asume el compromiso de ejecutar las obras de mitigación de riesgos o REUBICAR a los perjudicados en el caso de que esas obras no sean factibles por razones técnicas o económicas.
Son entendibles la frustración y angustia que provoca esta situación iniciada en 2015 en quienes tienen bienes inmuebles en las zonas afectadas directamente por este riesgo. Sin embargo, sería negligente y acarrearía responsabilidades, la aprobación apresurada de una ordenanza por presión ciudadana o razones políticas. Tampoco es sensato ni lógico aprobar el uso del suelo que permita la aprobación inmediata de permisos de construcción, disponiendo en una transitoria la elaboración de los estudios de vulnerabilidad dentro de un año de su vigencia, pues para entonces ya existirían nuevas edificaciones que no podrían ser derrocadas ni abandonadas.
La proximidad de elecciones de una nueva administración municipal exige aún más cautela en el tratamiento de temas de trascendental importancia como el anotado, por lo que la razón y la sensatez deberían imperar, disponiendo la suspensión del tratamiento de la ZONA DE RIESGO hasta que se cuente con los estudios faltantes y se pueda resolver en defensa de la vida y los bienes de los ciudadanos afectados.(O)

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