El escenario político vuelve a ser noticia en nuestro hermoso país. Ante la gran expectativa por reactivar la economía, luego de 18 meses de pandemia, el Ejecutivo ha propuesto una MEGA LEY que busca resolver tres problemas estructurales. La intención es excelente, pues no podemos vivir de apagar incendios y resolver de manera clientelar los problemas coyunturales, posponiendo los temas de fondo para otro momento. Así han pasado 42 años desde que retornamos a la democracia. No son los únicos temas, pero son determinantes en superar el estancamiento posterior al boom petrolero.

En primer lugar, la reforma tributaria apunta a equilibrar las finanzas públicas, fuera de control a pesar de los recursos extraordinarios procedentes del petróleo que cayeron en manos de un proyecto político que se sacó la lotería sin comprar el boleto, para administrar por 10 años con autoritarismo y sin norte. El crecimiento del gasto público nos ubicó en el nivel más alto de la región, no siendo posible sostenerlo sin precios altos del petróleo. El objetivo es financiar $1000 millones anuales por dos años, mientras el Estado optimiza el gasto e inversión públicos para reducirlos en cerca de 4000 millones. Alcanzar cero déficit al cuarto año, buscando un crecimiento del PIB del orden de 5% anual, cambiaría la perspectiva del futuro económico.

En segundo lugar, el crecimiento esperado debe tener financiamiento adecuado, que sin duda alguna solo puede provenir del sector privado. El experimento político de entregar ese rol al Estado ha fracasado y lamentablemente hemos perdido una década, mientras el mundo avanza, dejándonos atrás. Para lograr esas inversiones, es necesario reconstruir condiciones competitivas comparadas con otros países de la Región que han captado la mayoría de capitales. Ecuador tiene muchos más atractivos que ofrecer,  siempre y cuando se desactiven los instrumentos de inseguridad que el SS XXI impone como parte de su franquicia en cualquier país que le permita acceder al poder.

En tercer lugar, el entorno en materia laboral ha sido muy hostil en comparación con lo que ocurre en la Región, desmotivando a los potenciales empleadores locales y foráneos, pues el Código del Trabajo construido para la realidad de 1938, ha quedado obsoleto con el pasar del tiempo y la rápida evolución del mundo en todos los campos, incluyendo el laboral. La dirigencia sindical -que tuvo un rol preponderante hace varias décadas- se ha convertido en un reducto político para una minoría de líderes que no permiten la evolución en beneficio de la mayoría de desempleados que optan por migrar en cualquier condición, a laborar en otros países, con la libertad de contratación que aquí se considera ‘precarización’.

Los leguleyos y los fanáticos políticos se adelantaron en manifestar su ‘oposición radical’ para lograr una supuesta victoria política que les permita recuperar en algo la confianza que el pueblo les ha retirado a pocas semanas de haberles elegido. Esa actitud de meter la cabeza en un hueco, cual avestruz, dando las espaldas al clamor de un pueblo que ansía salir adelante con trabajo, contradice los discursos ardientes que se escucharon cuando rogaban por el ansiado votito, prometiendo el cielo y las estrellas. La rigidez de las reglas parlamentarias está pasando factura a quienes las construyeron con malas intenciones, dedicadas a sus adversarios.

Una vez que el egoísmo ha primado en el CAL y han resuelto sin fundamento legal ‘devolver al Ejecutivo’ el proyecto que no fueron capaces de analizar, digerir, objetar y proponer, Lasso tendrá que mover su ficha, respetando el orden constituido. La salida que le dejan es ordenar su publicación a partir del día 31 de su presentación y sacar al país adelante.

¡ALGUACILES ALGUACILADOS!