El paso del tiempo es implacable. En horas cumpliremos cinco eternos meses de emergencia sanitaria que motivó la declaratoria de Estado de Excepción en el territorio ecuatoriano, restringiendo las libertades ciudadanas, suspendiendo las actividades en el sector público y privado, con algunas excepciones, decretando toque de queda y limitando la movilidad, para lograr un aislamiento preventivo con el fin de controlar el avance del covid 19, llegado desde la ciudad china de Wuhan. El COE Nacional, que no estuvo preparado para afrontar esta dimensión de amenaza, se concentró en el epicentro de la pandemia, que penosamente fue la ciudad de Guayaquil, que vivió la más terrible pesadilla entre el 21 de marzo y 16 de abril, con un número de víctimas fatales relacionadas con el virus, que se estiman en más de ocho mil.

Paralelamente a la arremetida contra la salud pública, la pandemia provocó una brusca desaceleración de la economía, debilitada desde las agresivas protestas de octubre, y que causa mayores daños día tras día, acumulando pérdidas en absolutamente todos los sectores privados e inclusive el sector público, en la recaudación de tributos. Recordemos que apenas 38% de la población en edad de trabajar, antes de la pandemia, tenía un “empleo adecuado”, dejando en el subempleo y desempleo a la mayoría de los ocho millones de personas hábiles.

La paralización de la economía ha hecho sus estragos. Aquellas personas que sobreviven del ingreso diario, no pudieron mantenerse en aislamiento y decidieron arriesgar su vida para no morir de hambre. Es muy penoso mirar el cierre de la mayoría de locales comerciales, de los cuales dependían muchas familias. Gran parte del sector turismo, transporte, servicios profesionales, bienes y servicios de toda índole, fueron afectados en 100%, al extremo de que muchos de ellos ya no podrán recuperarse. Las actividades más formales resistieron algunos días, semanas o meses quizás, hasta que fueron cerrando sus puertas, con el dolor del alma. Pero, al cumplir el QUINTO mes de crisis económica, la gran mayoría de las sobrevivientes se encuentra en estado crítico.

Con este panorama, podemos deducir que el sector productivo privado está agonizando lentamente, pero sin pausa, generando más desempleo y menos actividad cada día. ¿Hasta cuándo podrán soportar aquellas actividades que aún tienen vida? ¿Existe alguna posibilidad de recuperar aquellas que cerraron sus puertas?  ¿Qué alternativas de recuperación pueden ofrecerse al ejército de desocupados y vendedores ambulantes? Son preguntas directas para problemas reales, que deben venir del sector público y que no tienen respuesta hasta el momento. El Gobierno Nacional, que enfrenta su propia realidad,  ha encontrado eco en los tenedores de bonos soberanos para reestructurar sus deudas para pagarlas entre 2030 y 2040, con intereses reducidos.

Ahora es momento impostergable de acudir en auxilio de los valientes emprendedores que arriesgan su propio capital, por pequeño que fuere, para construir un futuro digno, con mucho esfuerzo. Si el Estado -en su gran capacidad de generar ingresos por medio de tributos, exportaciones y empréstitos- requiere de condiciones blandas para honrar sus compromisos, es evidente que es indispensable brindar ayuda real al sector privado para que pueda recuperarse de los daños causados por la epidemia, que hasta el momento no tiene visos de ser superada. Toda la población clama por la recuperación económica urgente para todos los sectores, sin excepción. Las medidas deben ser contundentes, pues los pocos paliativos para el efecto superficial que se han implementado, pretenden superar los efectos nocivos en cuestión de pocos meses, lo cual es IMPOSIBLE. Queremos enfrentar el problema con recursos y soluciones pragmáticas, alejadas de ofrecimientos demagógicos que no se han cumplido. ¡Detengamos la agonía!  (O)