El Art. 120, de la Constitución de la República, trata de las atribuciones asignadas a la Asamblea Nacional, entre las principales consta en el numeral 13, conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios. Con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. Por consiguiente, Jurídicamente -es entonces- factible que la Asamblea conceda amnistías; obviamente, observando los límites que establece la norma constitucional y la Ley. No olvidemos que el resultado de una amnistía es un Acto Legislativo que da por terminados procesos de carácter penal o simplemente elimina las sanciones ya impuestas por los jueces en sentencia. La amnistía es una Ley de olvido que tiene por derivación excluir ciertas transgresiones, -que se den por terminados los procesos- y si estos ya fueron juzgados, quedan sin efecto las condenas impuestas en sentencia.
La Carta Suprema en la segunda parte del numeral 13 del artículo antes citado, dice: No se concederán por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidios, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia.” Consecuentemente en lo político los parlamentarios -debían hacer consideraciones en ese orden- que les permita establecer claramente el objetivo de las amnistías y el cumplimiento estricto del debido proceso y aplicación exacta de la ley. Políticamente no se puede conceder amnistías si se tratan de delitos de terrorismo, que es una forma violenta de lucha política que busca destruir el orden establecido o instaurar un estado de pánico e incertidumbre en la población. Por ello es que las amnistías así concedidas por la Asamblea nacional a 268 personas, la madrugada del sábado 12 de marzo de 2022 ha causado conmoción en la sociedad ecuatoriana y su repudio en contra de sus responsables. No pueden ser beneficiarios en paquete de amnistías, quienes hacen minería ilegal, tráfico de tierras o están indiciados por actos de terrorismo.
El hecho comentado constituye un acto legislativo que repugna a la mayoría del pueblo, por la inobservancia de la Constitución y la Ley, por la forma en la que se consumó y por el precedente negativo que podría establecerse de llegar a efectuarse. El rechazo ha sido mayoritario, la ciudadanía considera que el perdón para muchos de esos 268 ciudadanos -puede ser necesario- en razón del momento que vive el país; pero era preciso, que para ello se cumpla con el debido proceso y se someta cada caso al mandato constitucional y legal.
El resultado irritante de lo hecho por el Parlamento ecuatoriano ha traído como resultado la presentación de una Acción Constitucional de Protección y de medidas cautelares, justamente por la concesión indiscriminada de las amnistías. Algunos de los beneficiarios no han cometido delitos políticos o conexos con estos, sus procesos demuestran que se los juzga o se los ha sentenciado por delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal –COIP- y tienen que ver con delitos contra la administración pública, secuestro y terrorismo. Las amnistías así concedidas constituyen una afrenta para un pueblo cansado de observar cómo se burlan permanentemente de su buena fe.
Los entes políticos no deben aprovecharse de un marco constitucional y legal que ayudaría a reconciliar al país –como lo es las amnistías- para satisfacer intereses de grupo, es hora de que quienes han delinquido y por tanto han infringido la ley reciban la sanción correspondiente, lo contrario es impunidad.
La corrupción debe ser combatida en donde se la encuentre, ese es el deber fundamental de cada legislador y en conjunto de la Función legislativa. El unirse para defender intereses de grupos plenamente identificados a cambio de acuerdos circunstanciales y a espaldas del pueblo es lo que despreciamos. Tomar una decisión tan seria como es implementar una Ley de Olvido de hechos lamentables y públicos como los acontecidos en octubre de 2019, exige un mínimo de responsabilidad con la patria. (O)