No estar de acuerdo y por tanto no apoyar las indispensables normas legales que tiendan a la recuperación del dinero mal habido, vía robo, fruto de la corrupción, ya por sobreprecios en la contratación de obras, ya por coimas para facilitar su ejecución, es ciertamente condenable e incomprensible para la generalidad de ecuatorianos: pone en duda el principio básico de responsabilidad ciudadana. Pues eso mismo es lo que ha ocurrido en la Comisión de Justicia que la tramita, por parte de la bancada de UNES (léase Revolución ciudadana) y sus aliados extremistas de Pachakutik.
Lo anterior, a propósito del tratamiento del proyecto de ley orgánica de repetición presentado por la Procuraduría General del Estado, mediante el cual se aspira -y eso es lo que esperamos los ecuatorianos-, contar con claras disposiciones legales, complementarias a las existentes, con miras a perseguir eficazmente a los funcionarios que, en el ejercicio de sus funciones, se enriquecieron de manera abusiva, arbitraria e indecente.
Uno de los asambleístas de UNES, con título de abogado, queriendo justificar su no apoyo al proyecto de ley, ha manifestado que este cuerpo legal es inconstitucional (no ha dado razones de fondo ni de forma), sin percatarse que la propia constitución de la República, ideada por ellos mismo (artículo 11, número 9, inciso tercero), clara y terminantemente contempla: “El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas”.
El daño producido por la corrupción, particularmente en países desinstitucionalizados, como el Ecuador, es inconmensurable, limitando la capacidad de gestión del gobierno para la realización de obra pública, con cuyos recursos producto de las corruptelas, bien puede haberlos destinarlos a salud, educación y seguridad, mejorando las condiciones de vida de los habitantes. La corrupción hizo que los contratos se sobrevaloren arbitrariamente para sacar de ahí las comisiones y coimas. En suma, es una perversa conducta de actuar.
Es bien sabido que la política, como ciencia y arte de gobierno, ante todo, es un instrumento de servicio público, en suma, el deber ser, la vía correcta de actuar, decidir y conducir la nave del Estado. No puede constituir acicate para acceder al poder, de aprovechamiento personal o de grupo: eso no es política, como lo entienden personas de bien; por el contrario, es abuso, ruindad y canallesca manera de proceder de cualquier gobierno.
Lo que pretende la procuraduría general del Estado es claro y básico: complementar los casos a perseguir y hacer efectivas las normas constitucionales y legales existentes para posibilitar la urgente y necesaria recuperación de los dineros mal habidos, así como permitir a los jueces que actúen sobre bases jurídicas claras, precisas y no tengan que recurrir a los conocidos “argumentos” torcidos e interesados para desestimar las acciones persecutorias en contra de los delincuentes. ¡Y viva la impunidad!
Ojalá que la Asamblea trate responsablemente este proyecto de ley, y prevalezca la sensatez y el buen juicio; y, al menos, por esta ocasión, sus integrantes, laven sus pecados de acción y omisión, y logren algo de respeto de la ciudadanía. Nunca en la vida republicana hemos tenido un parlamento de tan baja calidad en todos los sentidos. Todo esto es producto de las normas electorales permisibles que dieron origen alrededor de 300 movimientos y organizaciones políticas, lo cual hizo que los votos se dispersaran. Divide y reinarás fue la consigna y ahí están los resultados perniciosos. (O)