La pandemia, además de causar mucho dolor por la pérdida de vidas, ha provocado grandes problemas económicos a todo nivel, empezando por los Gobiernos nacional y locales, que han visto decrecer sus ingresos, mientras que sus egresos más bien suben para combatir la amenaza a la salud. El Tesorero de la Nación observa, con entendible desesperación, la demanda imparable de dinero para pagar “derechos” adquiridos en medio de un manejo demagógico y clientelar, para favorecer a los “generosos” políticos que no tienen empacho en comprometer recursos inexistentes o no sostenibles con el tiempo, para que sea otro “gil” el que afronte la demanda ciudadana.

Ante la falta de dinero, el Gobierno Central especialmente, se ha visto en la impostergable necesidad de eliminar gastos que no puede seguir pagando, y ha puesto su mirada en un centenar de Instituciones puramente burocráticas y empresas públicas que ayudaron a dilapidar los recursos que nos trajo el petróleo en la década perdida (aunque ganada para unos cuantos vivarachos). Han salido a la luz decenas de obras faraónicas y gastos demenciales que no han servido sino para enriquecer a una pandilla de delincuentes que se llevaron más de lo que dejaron, con obras innecesarias, mal planificadas, inservibles o insostenibles.

Descubrimos la existencia de empresas públicas que ocultan su penosa realidad como TAME con pérdidas acumuladas de $400 millones y una plana de 1.800 empleados cuya desvinculación no puede pagar. La planta de gas natural de Bajo Alto es otra obra fracasada que ha costado el triple del presupuesto inicial y no sirve, pues funciona a tercera parte de capacidad, no siendo posible invertir la millonada para repararla. La Refinería de Esmeraldas, luego de una inversión de $1.500 millones con enormes sobre precios, no tiene futuro y el Estado no puede invertir lo que se requiere para volverla competitiva. Los ejemplos siguen en todos los campos.

Moraleja: el Estado, en sus diferentes niveles de Gobierno, no está para hacer de “empresario” puesto que esa actividad involucra RIESGO y exige eficiencia en el uso de recursos económicos, humanos y naturales, de manera tal que los ingresos superen a los egresos, dejando un margen que permita mantenerla y reinvertir para crecer, en la medida de la demanda de los bienes o servicios. Sería deseable que el sector público cumpla con sus competencia, para lo cual debería maximizar sus ingresos por medio del crecimiento de la economía, delegando las “gestiones de riesgo” al capital privado, bajo convenios perfectamente claros y definidos, para realizar las inversiones previstas, ofrecer los servicios pactados con calidad y finalmente REVERTIR en favor del sector público los bienes que se han utilizado en dicha prestación de servicios.

Hemos vivido los últimos 48 años de petroleros en manos de la demagogia y el populismo, que ofrece cualquier cosa que le permita alcanzar los “votitos” para meter las manos en las arcas fiscales y ayudar a vaciarlas, despilfarrando los escasos recursos en obras de relumbrón que impresionan al pueblo, que en la angustia de sus necesidades, piensa que ha descubierto su salvación. Ese modelo NO VA MÁS, sencillamente porque los pocos recursos que quedan deben priorizarse para atender lo básico.

Todas las prestaciones de bienes o servicios susceptibles de delegación por parte del Estado al sector privado, deben hacerse sin temor, liberando recursos que podrían ser utilizados en la prestación de servicios de salud, seguridad y educación, eliminando la CORRUPCIÓN, que se lleva la mayor parte. Existen muchos países, incluido el Ecuador, donde las concesiones bien estructuradas generan bienestar y recursos a disposición de los Gobiernos. Pero siempre saltarán los “perjudicados” politiqueros de siempre.

¡ALERTA! (O)