Las obras públicas en los Gobiernos seccionales, deberían ejecutarse de acuerdo a los lineamientos que establece el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, construido para un período de doce años, debiendo ser revisado al inicio de cada Administración. Anualmente, se debe aprobar el Presupuesto Participativo, con participación ciudadana de “manera protagónica” que incluye los proyectos específicos, los cuales deben contar con los respectivos estudios que determinan su costo y factibilidad. Cumplido el proceso, puede llamarse a licitación, bajo supervisión del Servicio de Contratación Pública (Sercop), el cual solamente supervisa el cumplimiento de las formalidades que deben cumplirse, vigilando que no se favorezca a alguien en particular en perjuicio de otros proveedores.

Lamentablemente, esta hoja de ruta no pasa de ser un ideal de gobierno tripartito, entre el Ejecutivo (Alcalde, Prefecto o Presidente de la Junta Parroquial), el Órgano Legislativo (concejales, consejeros provinciales o miembros de la junta) y la de Participación Ciudadana y Control Social. La negligencia parte de las mismas autoridades, que no demuestran interés alguno en capacitar y facilitar la participación ciudadana, que en la mayoría de casos consideran un obstáculo a su gestión. También somos negligentes los ciudadanos que no asumimos el rol que nos corresponde desde la Constitución de Montecristi, hace ya doce años, dejando en libertad a los gobernantes para que resuelvan por su sola voluntad, sin contar con nuestros criterios.

Los presupuestos participativos se han limitado a asignar una modesta suma de dinero a cada parroquia, en el caso de los municipios, para contentar a sus dirigentes. Sin embargo, la mayoría de recursos que constan en los presupuestos que aprueba el legislativo, gracias a la mayoría adepta al Ejecutivo, no cuentan con conocimiento ni aprobación de la ciudadanía. Además, hemos visto como se aprueban proyectos que no tienen respaldo alguno para justificar el monto asignado, pues ni siquiera se han elaborado los estudios para determinar su factibilidad y complejidad. Los presupuestos aprobados son motivo de muchas reformas en el transcurso del año, lo cual demuestra la mala planificación. Así llegamos al proceso de licitación, en base a los “términos de referencia” que establecen los pormenores de la obra que se licita y deberán ser cumplidos por los oferentes.

Iniciado el proceso, no se puede detenerlo de manera arbitraria, pues causaría perjuicio a los oferentes. Solamente el Sercop puede intervenir para subsanar las falencias que se puedan corregir, pero dispone la declaratoria de DESIERTO en los casos de hallazgos insubsanables. Esta “recomendación” es de carácter obligatorio para los administradores. En caso de proseguir con la obra, el Sercop debe remitir el expediente a la Contraloría General del Estado, que deberá pronunciarse y determinar si existió incumplimiento de lo ordenado por el Sercop y establecer sanciones administrativas que pueden alcanzar veinte salarios básicos unificados y la destitución; y civiles, expresadas en glosas. Adicionalmente, en caso de encontrar presunción de actitud dolosa, remitirá el expediente a la Fiscalía General del Estado, para el inicio de la Indagación y posible Instrucción Fiscal, para sancionar a los responsables. Todas estas posibilidades de infringir la Ley se cometieron en el mal llamado “distribuidor de tráfico de la avenida 5 de Junio a la altura del sector El Molinero”, ejecutando una obra innecesaria y mal diseñada, con una inversión superior a cuatro millones de dólares, haciendo oídos sordos a la población, que resolvió por unanimidad que la prioridad eran los colectores de aguas lluvia. Ahora se puede evidenciar la falta total de respeto a los derechos de peatones, discapacitados, ciclistas y moradores de San Felipe, que ha cambiado la vida del legendario barrio por un viaducto que le deja inseguridad y contaminación. ¡Así terminan las obras mal concebidas!(O)