Dos días y medio les tomó  a varios intelectuales, economistas y preocupados por el país, reunidos en la hacienda Cusin, Otavalo,  alcanzar 13 acuerdos “sobre el manejo sensato y honesto de los recursos del Estado”. El documento, de este 23 de octubre, contiene diagnósticos y propuestas generales, sobre problemas preexistentes, fundamentalmente fiscales, mismos que siempre han estado ahí, pero lamentablemente han resultado de difícil manejo. 

Como corolario al análisis realizado, el documento concluye:

“En consecuencia, esperamos que el Gobierno y la Legislatura maduren la ruta que saque al país de este entrampamiento sobre la base de un Estado que no gaste más de lo que puede costear la sociedad, que administre con transparencia y sin corrupción los recursos públicos, que su política social reduzca la pobreza y que no hipoteque el futuro ni destruya la naturaleza”.

Estas cuestiones, son materia de examen del gobierno, pero sus propuestas por lo general chocan por la dificultad de llegar a consensos, realidad muy propia de los ecuatorianos, de nuestros políticos y dirigentes, que no terminan por entender que este Ecuador no saldrá adelante si no hay una pizca de renunciamientos y cooperación mutua de varios sectores de la sociedad. 

Se reconoce que el Covid 19 agudizó los problemas del país, ampliando las desigualdades sociales y arruinando la economía; por fortuna, el plan de vacunación ciertamente fue exitoso y está contribuyendo el retorno a la normalidad. Coinciden en la necesidad de contar con un “Estado funcional y eficaz”, para resolver las taras de siempre: tener una situación fiscal crítica y demandas a un estado “pudiente”. Con la constitución reglamentaria de 444 artículos que nos endosaron a los ecuatorianos los “progres” criollos, la tarea se torna aún más difícil.

Destacan que requerimos contar con políticas de “protección social más influyente y redistributiva” y gastar más en salud, educación y seguridad pública. Si al gobierno no le dan las herramientas legales, para cumplir estas nobles y necesarias aspiraciones, le resultará la tarea aún más compleja. Asimismo, promover el empleo formal resulta una imperiosa necesidad; sin embargo, nuevamente nos topamos con el permanente bloqueo de la Asamblea que no termina por entender que “oposición” no es destrucción de iniciativas, sino construir soluciones en base al debate de ideas.

Un aspecto digno de destacarse es el que dice relación con el combate a la evasión y elusión fiscal, medida que también estará acompañada con la urgente necesidad de ampliar la base de contribuyentes. En materia tributaria le cabe el dicho de que “hecha la ley, hecha la trampa”, donde la evasión y la elusión tributaria -en la que intervienen “expertos” y asesores para lograrlo-, esta al orden del día. El gobierno ha ofrecido trabajar en esta dirección.

Se menciona con razón que “es imposible hacer política social sin un riguroso manejo fiscal”; en este sentido, el no actuar en consecuencia para remediarla, tiene repercusiones en la población más pobre, escenario que no puede permitir la sociedad en su conjunto, y tiene que presionar fuerte y decididamente a la función legislativa, para que, con dosis de responsabilidad, asuman su rol dando paso – mejorando si es mucho pedir-, a las propuestas que han llegado y le llegarán del ejecutivo.

Los apotres de Cusin son muy apreciables, pero las medias recomendadas deben ser ejecutables, dada la complejidad de nuestra sociedad. Ver los toros de lejos no es lo mismo que estar donde las papas queman. Por fin, no han faltado voces de los “contreras” que han cuestionado esta cita; tengo para mí que son de aquellos sectores que nos complicaron la existencia durante los últimos años, que permitieron ahondar la crisis fiscal, debido al extremo y caro endeudamiento.