En medio del dolor que produce la pandemia en la población ecuatoriana, emergió la “punta del iceberg” que es la corrupción, evidenciada en el propio sector que tiene a cargo el cuidado de la salud, abusando del estado de emergencia, que deleita a los malhechores, quienes sacan sus garras y atacan las arcas públicas con la complicidad de compinches estratégicamente ubicados en los sitios claves, donde establecen condiciones de compra, adjudican contratos, emiten pagos y receptan compras, para cerrar el círculo sin que se escape ningún eslabón.

No hemos terminado de digerir este trago amargo, cuando gracias a la acuciosidad investigativa de la Fiscalía, encabezada por una valiente y joven mujer, hemos conocido otras maneras colaterales de enriquecerse ilícitamente unos personajes propios de mafias, que no sacian su sed por el dinero mal habido. Mucho más grave aún, en este nuevo capítulo de la descomposición de la sociedad política, conocemos que no han tenido remordimiento alguno para disfrazarse de discapacitados, con la complicidad delictiva de los funcionarios públicos que lo han permitido y admitido, gracias a lo cual utilizan un carné de discapacidad, que atenta contra el buen nombre y honorabilidad de quienes -de forma legítima- lo han obtenido.

Para la mayoría de la población ecuatoriana, que gana el pan con el sudor de su frente, no hay cabida para este comportamiento inmoral, delictivo y atentatorio contra quienes van a ser perjudicados por la inmediata reacción que ha causado en el Gobierno, prohibiendo los beneficios de importar vehículos especiales para quienes de verdad los necesitan. Además de dejar una mancha que salpica a las personas que, por circunstancias de la vida, padecen alguna discapacidad y requieren portar un documento que avale tal condición, para merecer un trato especial, acorde a su discapacidad.

Sin perjuicio de que se castiguen estos abusos con el máximo rigor de la ley, considerando que se han cometido varios delitos, y se recuperen los valores indebidamente exonerados, es indispensable hacer una auditoría con “veeduría ciudadana” para despojar del ilegítimo beneficio a todos los que lo hubieran obtenido de manera fraudulenta. Además que es oportuno someter a una revisión integral los beneficios que se conceden a los discapacitados, en las distintas categorías y grados, para asegurar que no se deje el camino libre para los inescrupulosos, que no tendrán remordimiento en hacer uso fraudulento de ellos.

La discapacidad no puede ser utilizada para obtener beneficios ilegítimos por parte de unos audaces, mientras quedan en el camino miles de personas discapacitadas y olvidadas por la sociedad, a quienes no les queda más consuelo que sus propias lágrimas. No serán ellos quienes añoran adquirir el vehículo 4×4 o de alta gama para pasear su tristeza en las polvorientas calles del olvidado pueblo en que viven. Apenas añoran recibir un trato humanizado, respetando su condición, que les permita valerse por ellos mismos, sin sentir que son mal vistos por los demás. Sentirían gratitud por quienes les faciliten su movilidad, acceso a espacios públicos y privados, espacios especiales para colocar su medio de movilidad, accesibilidad a baños, servicios de transporte, cruce de calles, circulación por estrechas e invadidas veredas urbanas, y en general adecuaciones para que la discapacidad no se convierta en imposibilidad.

En relación a las ayudas que pueda ofrecer el Estado, es prudente favorecer aquellas que por su propia iniciativa -cuando sea posible- puedan generar una fuente de ingreso sostenible, alejada de un demagógico paternalismo que podría dejar espacio a los abusos que hemos constatado. Limpiemos la imagen de los discapacitados y castiguemos con el escarnio público a los INCAPACITADOS para gobernar, por haber abusado del poder.(O)