Dos decisiones importantes tomó el gobierno, recordemos: el lunes 6 de mayo de 2019, el Presidente Constitucional de la República lanzó el denominado Acuerdo Nacional, para este fin invitó a participar a representantes de varios sectores de la comunidad nacional a quienes convidó a trabajar en varios temas, que posteriormente darán como resultado una sistematización de las propuestas que se establezcan en las mesas temáticas.
Con este objetivo se plantearon siete ejes temáticos: Educación; Seguridad social; Competitividad; Innovación y Generación de Empleo; Democracia y Reforma Institucional; Sostenibilidad y Cambio Climático; Seguridad Ciudadana; y, No Violencia y Prevención de Adicciones. Es importante anotar que a estos grandes temas se podrán agregar subtemas según sea necesario a criterio de los participantes y a la iniciativa que tenga la ciudadanía.
La otra decisión del gobierno fue aquella de declarar en estado de emergencia al Sistema Carcelario Nacional, mediante Decreto 741, declaró el estado de excepción en el Sistema de Rehabilitación Social del Ecuador. El objetivo fue atender las necesidades emergentes de dicho sistema, precautelando los derechos humanos de los ciudadanos privados de su libertad, que son parte de los denominados grupos de atención prioritaria.
A no dudarlo las dos decisiones del ejecutivo tienen trascendencia, constituyen una oportunidad para – en el primer tema- se trate sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y su negativa vigencia en el esquema constitucional ecuatoriana, la necesidad de revisar el Código de la Democracia, tomando en consideración que una verdadera democracia se sustenta en la vigencia de verdaderos partidos políticos con estructura y militancia y no en grupos efímeros oportunistas convertidos en inversionistas de la política –tal el caso de arroz verde- o el mal ejemplo de Odebrecht. Mientras que, en el tema del estado de excepción del Sistema de Rehabilitación Social, la situación de las cárceles en el país había desbordado toda planificación posible.
En el caso del estado de excepción los latacungueños y cotopaxenses, abrigamos la esperanza que las nuevas autoridades cantonales (Alcalde y Concejeros) y la reelección del señor Prefecto, se podía conseguir –por lo menos- dos compromisos del gobierno nacional para mejorar en algo la penosa situación de la cárcel regional –construida arbitraria, ilegal e inconstitucionalmente en las cercanías de nuestra ciudad,-todos sabemos la historia de la construcción y funcionamiento de ese centro de reclusión-. Por ello, era importante “exigir” los dineros necesarios para solucionar dos grandes rubros que requiere con urgencia ese reclusorio: agua potable suficiente para una población que bordea las 6.000 personas y los dineros suficientes para el tratamiento de aguas servidas que actualmente son enviadas directamente al rio Pumacunchi, -sin ningún procesamiento-. No hemos obtenido nada en absoluto, pero si se propone cambiar de nombre a ese Centro.?, cambiar de nombre o denominación a la Reina de Latacunga-. Tenemos que “exigir” el inicio de estudios técnicos para la reubicación de esa cárcel, no sabemos aprovechar las coyunturas de políticas públicas en beneficio de nuestra tierra.
Los temas abordados en relación con esa Cárcel deben ser atendidos con urgencia por parte del gobierno nacional, causante directo de la construcción y puesta en funcionamiento del reclusorio regional en las cercanías de Latacunga –claro está- con la complicidad de autoridades del cantón y provincia –que lo permitieron-.
Lo que hago notar es que, se debió aprovechar el estado de excepción para que dentro del presupuesto establecido con ese fin, se tome en consideración estos dos rubros importantes para el funcionamiento y la “seguridad” de esa cárcel regional, así lo dijimos en un artículo de opinión hace varios meses, lamentablemente no hemos tenido eco, lo más grave es que se terminó el período de excepción y estos dos graves problemas no han sido tomados en cuenta.
No hay duda de que sufrimos de una falta de liderazgo. Es hora de que en el tema de la cárcel las obligaciones del gobierno central deban ser reclamadas y exigidas, por la comunidad civil, gremios de trabajadores, cámaras de la producción, Universidades, organizaciones sociales, culturales, deportivas, medios de comunicación, los barrios y las parroquias y cantones aledaños, si no hay liderazgo –busquémoslo- hagámonos respetar.(O)