La sociedad ecuatoriana demanda la preocupación del Estado en los servicios sociales que requiere y que constituyen obligación directa del gobierno nacional, a estas alturas de la vida republicana no hay duda de la importancia de estos servicios públicos, salud, educación, deportes, recreación etc, formando un solo bloque global de políticas públicas de bienestar social. Por ello es importante que cualquier medida gubernamental que favorezca el desarrollo humano de los ecuatorianos y que cubra estas necesidades sociales, y que- a su vez- integre a grupos desfavorecidos de nuestra sociedad deban ser bien recibidas.
Los servicios sociales -considerados desde una concepción amplia-, se integran dentro de los sistemas públicos de protección social y contribuyen a aminorar las desigualdades – a través de prestaciones y servicios de buena calidad- entregados a la colectividad de manera pronta, ágil y oportuna-, en definitiva, lo que debe pretenderse es, que los derechos sociales sean efectivos y reales, no como dádiva del Estado ni resultado de acción política partidista, sino como una obligación solidaria y de cohesión social del país.
Estas políticas de bienestar se deben enmarcar bajo principios de igualdad ante el “derecho”. Igualdad ante el acceso a los servicios y recursos sociales, mediante la promoción y el desarrollo de las personas y de los grupos y colectivos más desfavorecidos, asegurando como objetivo un tratamiento integral de las personas ante las necesidades sociales de educación, empleo, vivienda, salud, deporte recreación, etcétera.
Los servicios sociales no pueden imaginarse y producirse bajo una visión aislada, sino que hay que enmarcárselos dentro de un conjunto de políticas, de medidas de bienestar y de protección social. Igualmente, tampoco podemos efectuar análisis aislados, que hagan estudios de forma separada –unos de otros-, todos ellos se corresponden y obedecen a una evolución del Estado y sus funciones: un determinado contexto de bienestar y un determinado contexto de desarrollo social, y como sabemos, normalmente en toda evolución social las necesidades se van ampliando, por consiguiente, se debe estudiar y analizar nuevos mecanismos para atender esas nuevas necesidades.
Dentro de este análisis de los servicios sociales debemos estar claros que por mandato constitucional, se reconoce al ser humano –al ciudadano- como sujeto de derechos; por otra parte la universalidad, la apertura a la totalidad de los ciudadanos, sin diferencia de clase social o económica, religión que profese, status o situaciones personales. Observando acciones de orden preventivo –de manera que se vaya tomando más importancia en el hecho preventivo de las causas que provocan y aumentan las desigualdades, que en determinado momento pueden ser objeto o llevan a la marginación o a la discriminación de una mayoría de la población.
Por consiguiente, es importante la coordinación desde el gobierno nacional de las ofertas y mecanismos de protección social. Los servicios sociales deben obedecer a un proyecto nacional a través de todas las instituciones creadas por el Estado o por Ley para este fin, no podemos solucionar los problemas sociales bajo criterios diferentes entidades que responden a diferentes criterios, a diferentes metodologías, a diferente distribución territorial, -no establecida por ley-, a diferentes intereses políticos partidistas o del gobierno de turno. Todos debemos comprometernos para que no se superpongan de forma ineficaz estos nefastos intereses, sino que, podamos obtener resultados positivos con una efectiva coordinación que permita obtener resultados positivos para con una mayor y mejor oferta de servicios sociales de calidad.
Como aspecto fundamental debemos ser solidarios. Las dificultades de las personas o grupos de personas marginadas no es un problema de ellos mismos, sino que es un problema de todos. Hay que destacar la idea de que la marginación no es una cualidad, es indudablemente, un problema de la sociedad en su conjunto y -es obvio suponer- que la solución o vía de salida –es y debe ser- un compromiso de todos. Es decir incluye en el ámbito público al Estado: Gobierno Central, gobiernos parroquiales, cantonales y provinciales. A otras funciones del Estado. Mientras que, en el ámbito privado a las organizaciones sociales civiles, de los trabajadores, de los empresarios, Universidades y la ciudadanía en general.(O)