Ecuador llega al año 2020 –una vez más- con déficit presupuestario, es decir, seguimos gastando más de lo que nos ingresa. Durante los últimos años ha sido esa la constante de la política macro-económica de los gobiernos. Un año más tenemos déficit fiscal y los intentos por solucionar este grave problema no han dado resultado –fracasaron -.
Una de las formas que el actual gobierno estimo para corregir este déficit fiscal fue la eliminación de los subsidios a los combustibles, situación que fue un fracaso para la política económica del gobierno del Presidente Moreno y que tuvo –por el contrario- una reacción popular insospechada, que le ha costado al país una cifra cercana a los USD 1.000 millones y que ha marcado el distanciamiento entre la dirigencia indígena y otros movimientos sociales y gremiales con el gobierno, dentro de un escenario preelectoral.
Mientras unos dicen que la eliminación de los subsidios a los combustibles fue una imposición del Fondo Monetario Internacional (FMI), encontramos en un informe del Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, la recomendación al gobierno ecuatoriano de eliminar los subsidios a los combustibles en el Ecuador, sugiriendo que esta medida deberá estar acompañada de compensaciones para los más pobres. En este momento – no importa-, si fue el FMI o si fue el BIV o cualquiera de los entes de financiamiento internacional el que sugirió, pidió, exigió al gobierno del Ecuador tomar estas medidas correctivas que indudablemente golpean directamente a los ingresos familiares de los ecuatorianos. El gobierno tuvo que dar marcha atrás en su intento de cumplir con la puesta en vigencia de estas medidas correctivas para estabilizar el déficit fiscal y hasta este momento –no se ha dictado un nuevo marco jurídico sobre este tema, en los términos acordados públicamente por el Presidente de la República y quienes dirigieron la reclamación social. El Presidente Moreno derogó el decreto que eliminó los subsidios a los combustibles, luego de 11 días de paralización del país, con los resultados y consecuencias que son de conocimiento general.
De los datos públicos que constan en el Presupuesto General del Estado, se conoce que el déficit para el 2020 será de USD. 3.384 millones, dejando como fundamento importante que, en el año 2019 el déficit fue de USD. 3.621 millones. Es importante anotar que desde el gobierno se estima que el Ecuador destina para subsidiar combustibles (gasolina extra y diesel) más o menos USD. 2.000 millones en este ejercicio económico. Con las reformas tributarias aprobadas por la Asamblea Nacional, el gobierno aspira a recaudar USD. 500 millones en tributos, lo que significa que para el gobierno los impuestos constituyen más o menos el 40,35% del total de los ingresos presupuestados para el 2020.
Es importante comentar sobre el denominado “riego país”, bajo la situación deficitaria planteada. Un Estado que viene acarreando déficit en sus presupuestos –como una constante- demuestra al mundo internacional y a los organismos de financiamiento internacional, un entorno macroeconómico desfavorable, que justamente abona en la calificación de riesgo país y obviamente altera el clima de los negocios externos del país. Se conoce que al momento el Ecuador tiene calificación “C” en riesgo país y “B” en negocios internacionales. Un panorama nada halagador para la economía ecuatoriana. El déficit presupuestario del Ecuador no es un hecho coyuntural,- sino estructural-, que viene arrastrándose por muchos años, tiempo durante el cual se ha tomado la senda –más fácil- el endeudamiento interno y externo, que atenta directamente con el riesgo país en lo internacional y que encuentra al borde de la quiebra a la principal institución social del país –el IESS- en lo interno.
Que hacer para desaparecer el déficit fiscal en el Ecuador –las formulas son múltiples, algunas no dejan de lado la revisión de los subsidios a los combustibles, se entiende que está siendo estudiada técnicamente a fin de cumplir los acuerdos gobierno, sector indígena y grupos sociales, en los que se debe tomar en cuenta también otras opciones puestas en el tapete luego de la convulsión social de octubre, eficiencia en la recaudación tributaria, especialmente a las grandes empresas, recuperar algo de lo saqueado en los últimos años por una banda que nos gobernó, las debidas compensaciones sociales recomendadas por los organismos internacionales de financiamiento -entre varios puntos de vista alegados por los reclamantes y el gobierno nacional en sus mesas de concertación. Hay que corregir con la urgencia que el caso amerita el déficit fiscal, no podemos seguir arrastrándolo, no debemos gastar más de lo que tenemos como ingresos.(O)