No estamos en Guerra. Sin embargo, hemos contabilizado más de ochenta decesos violentos en un día al interior de mal llamados “centros carcelarios” de una manera cruel y despiadada, solamente observadas en películas de terror. Ha sido un día de luto para el sistema carcelario ecuatoriano, marcando un punto de quiebre en la crisis de seguridad que vivimos, agravada desde hace veinte años en que nos dolarizamos, nos volvimos más permisibles para el tráfico y consumo de estupefacientes, debilitamos el control de las actividades ilícitas en las fronteras y no hemos podido generar fuentes de empleo para personas de escasos recursos que buscan, desesperadamente, generar ingresos.

La población carcelaria supera 40.000 personas privadas de la libertad (PPL), de los cuales únicamente dos terceras partes cumplen sentencia, sobreviviendo en hacinamiento inhumano, con toda clase de carencias, en medio de un ambiente de guerra por el control bandas bien organizadas, ante la impotente mirada de autoridades que, con insuficientes guías penitenciarios desarmados, pretenden mantener orden y disciplina. Se grava la situación para los PPL por la convivencia entre personas que tienen detención preventiva, contraventores, mujeres con menores de edad y sentenciados de baja, mediana y alta seguridad.  Este atropello a los derechos humanos ha sido observado desde fuera del país, sin respuesta alguna.

La sociedad clama por acción efectiva para detener la creciente inseguridad en las calles, que se traduce en políticos imponiendo sanciones con privación de libertad para toda clase de infracciones, como ¡rodar un vehículo con el labrado de sus neumáticos por debajo de los límites permitidos! A este paso, será una minoría que se libre de estar tras las rejas. El camino es equivocado. El objeto de las sanciones con privación de libertad es “rehabilitar” al infractor para reinsertarlo en la sociedad. Para lo cual, se debería establecer el período que cada individuo requiere y ejecutar los debidos procesos para lograrlo. Esas declaraciones líricas no pasan de eso y el sistema carcelario sigue imponiendo las penas a manera de venganza de la sociedad por la falta cometida, sin esperanza alguna de tal rehabilitación.

Tan grave y penosa es la realidad que viven los PPL, que aquellos que cumplen una pena por delitos menores o son de baja peligrosidad, bien pueden agravar su comportamiento y convertirse en peligrosos delincuentes gracias a las enseñanzas aprendidas de sus experimentados compañeros o sumirse en un estado depresivo ante tantas agresiones físicas, morales y sicológicas, que en soledad reciben. En ese estado de indefensión, todo puede ocurrir, sin que exista esperanza de recibir protección de la sociedad, el Estado o autoridad alguna, que más bien lucran de esa triste realidad o cierran los ojos ante su impotencia y complicidad.

Lo observado en los Centro Carcelarios es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. El hambre, el desempleo, la falta de respeto a las normas de convivencia y la ley, la desconfianza en el poder judicial, conspiran contra la paz social y provocan reacciones desesperadas de sobrevivencia en medio de una crisis sanitaria y económica que no tiene visos de amainar y peor aún de revertirse. Este comportamiento es un aviso de alerta sobre la presión social que crece y puede desencadenar en graves estallidos. Es necesario que la sociedad asimile el fondo de estos problemas, despolitizando su discusión para proponer soluciones “técnicas” que enrumben la construcción de una sociedad humanizada, inclusiva, solidaria y propositiva, sostenible y sustentable, dejando atrás la demagogia y populismo que nos ha traído con viles engaños hasta donde estamos. No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo soporte.

¡Detengamos esta crisis ya! (O)