Dicen que los abogados tenemos una palabra que define nuestro accionar ante una consulta “DEPENDE” ¿Si me divorcio me quedo con los guaguas? Depende ¿Si vivo 15 años en una casa ya es mía? Depende ¿Si me ofrecen vender un carro y no me lo dan es estafa? Depende ¿Si me niegan un cupo de taxi puedo poner una Acción de Protección? Depende ¿Si el vecino construye sin retiros le puedo hacer tumbar? Depende.

         Y es que en el Derecho la aplicación de la norma es circunstancial y está ligada a varios hechos que permiten establecer si tal o cual disposición es “pertinente” en el caso que se trata y al parecer el “DEPENDE” fue el término que más se escuchó en la redacción de las preguntas de la Consulta Popular que propone el Gobierno.

         Le confieso estimado lector que tenía ganas de titular a este editorial como “Les falta calle”, porque siento que esa es la realidad de los asesores políticos y jurídicos de la García Moreno entre Chile y Mejía (donde queda el Palacio de Carondelet) que no han entendido que “hecha la ley, hecha la trampa” y que los partidos políticos se la saben todas y por eso muchos han logrado mantenerse pese a no tener los votos que la ley exige.

         Quiero explicarles el por qué de mis aseveraciones en líneas previas “Verá, le cuento la historia” como decía un colega: La pregunta 5 de la Consulta Popular propone una enmienda constitucional por medio de la cual los movimientos y partidos políticos deben mantener una base de datos actualizada de sus afiliados y adherentes según el caso y que quienes no lo cumplan después de 180 o 360 días, serán eliminados del registro electoral.

         ¿Suena bien verdad? DEPENDE, ¿De qué sirven partidos con el registro de sus afiliados si en las elecciones no ganan nada? Si la intención del Gobierno Nacional era mejorar la calidad de la representación, evitar la dispersión del voto, unificar tendencias en torno a partidos fuertes, etc. Debía fijarse en una enmienda que garantice que sean los votos de la gente los que decidan quien “se queda” y quien “se va” del juego democrático.

         Habría sido mejor que constitucionalmente se definan los requisitos de creación y permanencia de los partidos y movimientos políticos y se diga (enmendando el artículo 109 de la Constitución) para crear un partido o movimiento político se requerirá el 1.5% de afiliados o adherentes del padrón (unos 200.000 a nivel nacional, unos 6.000 en Cotopaxi y unos 3.000 en Latacunga) y para mantenerse con vida sería necesario que sobrepase el 5% de los votos en 2 elecciones consecutivas, sino “chao”.

         Es más, habría sido plausible que el Gobierno en una enmienda al artículo 108 de la Carta Magna incluya la obligatoriedad de Primarias Abiertas en todos los partidos y movimientos políticos para seleccionar a los candidatos que los representen el las elecciones, primarias que se desarrollarían en una sola fecha para todos y en la que aquellos que no superen un porcentaje mínimo de votos (podría ser el mismo 5%) no puedan participar en esa circunscripción.

         Le explico el escenario, en las elecciones pasadas solo 5 de los 10 candidatos a la Prefectura de Cotopaxi superaron el 5 %, lo lógico habría sido que solo esos 5 participen en la elección final, consolidando las posturas a su favor; en Latacunga fueron solo 7 de los 14 inscritos que lo lograron, habría sido coherente entonces que tengamos únicamente 7 y no 14 postulantes en la elección pasada al Sillón de Rafael Cajiao. Como es lógico solo quienes superan las primarias tienen financiamiento estatal y pueden presentar candidatos a Concejales y Juntas Parroquiales Rurales, eso sí habría sido un cambio al sistema de partidos, lo de hoy, revela que les falta calle y encima no se dan cuenta de ello. (O)