Frente a las declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y los principales representantes de su gobierno, sobre las indemnizaciones que países como Ecuador, Colombia, y Perú le deben a Venezuela por posibles actos de “trabajo esclavo, xenofobia, y malos tratos” cabe manifestar:
Es innegable, que varios de los grandes desafíos que enfrenta nuestra sociedad en torno a las personas que se encuentran en movilidad humana, son el acceso a recursos básicos como justicia, salud y educación, pero que la responsabilidad de estos hechos se deriva principalmente, del Estado nacional que ha generado la necesidad, inseguridad e incertidumbre a sus ciudadanos para que decidan abandonar su nación. Es en ese contexto, y tras la crisis migratoria de ciudadanos venezolanos, reportada en los últimos meses, que se han hecho palpables las carencias que todos los Estados involucrados presentan.
Prima facie, las necesidades alimenticias, de insumos médicos, falta de oportunidad laboral y demás requerimientos para una vida digna, han sido los factores que han impulsado a estas personas a abandonar su país y familia. A la crisis, se suman no solo el ingreso al país de destino, sino que también, las trabas que deben superar en los países de tránsito.
En todo este trayecto, el acceso a la justicia es limitado, ya que las exigencias de poseer documentación en regla son altas y se debe cumplir con un estándar, que no hace mucho tiempo se hizo visible cuando para el ingreso al Ecuador como un mecanismo de control por la emergencia migratoria de venezolanos, de manera errada, se solicitó por parte de las autoridades el entrar con pasaporte.
Sobre este punto, en el Ecuador, entra en vigencia el 6 de febrero de 2017, la Ley Orgánica de Movilidad Humana; acompañada de su respectivo reglamento de 10 de agosto de 2017. Por objeto posee el regular el ejercicio de derechos y obligaciones de las personas que, adicional a su condición de movilidad humana, requieran protección internacional, o por otra parte, sean víctimas de delitos de trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. En su parte considerativa también hace alusión al compromiso convencional y de respeto a los derechos humanos que posee el Ecuador frente a este grupo de personas que son sujetos de derecho, por tanto, en orden de cumplimiento de la misma ley ecuatoriana y los tratados internacionales, las autoridades deben saber manejarse en el marco de lo que permite la ley, y la protección a los derechos humanos requiere.
El factor salud, es uno de los más problemáticos en estos casos, en razón de que por el estatus migratorio de una persona es complejo acceder a este. En el Ecuador, los hospitales públicos son de acceso gratuito y libre, no obstante, la demanda de pacientes y la falta de recursos hace que este derecho sea limitado incluso para los mismos ciudadanos ecuatorianos. Trámites administrativos, como el completar un triaje en el cual se solicita la cédula a la persona que acude al servicio médico puede ser la principal traba. Adicional a ello, los medicamentos que se deben proveer.
El acceso a la salud en el caso de las mujeres posee exigencias y necesidades particulares.El hecho de haber viajado por días y horas, genera condiciones de desgaste físico que merecen ser controlados a través no solo de descanso sino también acompañado de buena higiene. Para las mujeres a quienes nos llega un ciclo menstrual es necesario tener acceso al agua, a toallas sanitarias, a una buena alimentación. Pero esto está lejos del alcance de una mujer que ha tenido que dejar su país y que tendría que escoger entre pagar por una ducha o comer una vez al día.
En esta misma línea se pueden considerar con un alto grado de vulnerabilidad a una mujer en estado de gestación, que debe recurrir a controles periódicos de su embarazo, tener acceso a vitaminas, suplementos, y conocer también las condiciones del parto que debe ser en un lugar seguro, bajo condiciones salubres y dignas que aseguren el bienestar de la madre y del recién nacido.
Finalmente, las personas en movilidad humana, en su mayoría viajan con otras personas de su círculo familiar. El desafío respecto de la educación se presenta cuando son niñas, niños o adolescentes quienes están en estas condiciones, considerando que los períodos educativos anuales en el Ecuador varían según la región, es así que en la Costa inician en el mes de abril, y en la Sierra y Amazonía empiezan en el mes de septiembre. Por tanto, el acceso a la educación merece ser efectivo.
Es así, que bajo la línea de pretensiones descabelladas que el gobierno de Nicolás Maduro busca, ¿No debería analizar primero su condición cómo gobernante? Mirar la viga enorme que pesa sobre su ojo, para después fijarse en la paja de los países que han hecho lo posible por salvaguardar y proteger a personas de distintas naciones en condición de movilidad humana.(O)

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