El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, gasta mensualmente tres millones de dólares en alimentación de las personas privadas de la libertad, razón por la cual, firmaron un convenio con una empresa pública, para que preste el servicio de alimentación en los centros de rehabilitación. Buscan que en este nuevo modelo, estén inmersos los pequeños productores, para que sean los principales proveedores de los productos para la alimentación.

Rossana Alvarado, ministra de Justicia Derechos Humanos y Cultos, manifestó que es importante que los gobernadores conozcan cómo avanzan al interior de los centros penitenciarios, los modelos de rehabilitación. Dijo que algunas de las gestiones realizadas por el gobernador de Cotopaxi, Héctor González, van a resultar, para que las medidas que puedan tomar al interior de los centros de rehabilitación mejoren cada día.

Anunció que desde octubre, la Unidad Nacional de Almacenamiento, va a ser la encargada de proveer el servicio de alimentación al interior de los centros de rehabilitación social (CRS), siendo una alternativa para que la economía se dinamice y que los productores encuentren mercado en la provincia y se pueda diversificar la alimentación.

Indicó que hace 15 días firmaron el convenio con  la Unidad Nacional de Almacenamiento, la misma que va a coordinar con los pequeños productores de la economía popular y solidaria, para que sean los nuevos proveedores, con lo que impiden que existan monopolios o que una sola empresa que no está radicada en las provincias donde existen los CRS regionales, sea la que surta de los alimentos.

Dijo que al tener un cambio de la empresa proveedora de alimentos, con seguridad existirán amotinamientos en los CRS. “Muchas veces las empresas que perdieron los contratos y han tenido algún contacto al interior de los centros de rehabilitación, agitan a los  PPL para volver a tener el contrato”, aseveró la Secretaria de Estado.(I)

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