Durante el recorrido de las autoridades por el centro penitenciario.

A nivel nacional existe el 30% de hacinamiento, por lo que analizan si existen grupos de personas que pueden acogerse a una pre libertad cuando tienen el 60% de las sentencias cumplidas y que no representa un peligro, es decir, personas que no están sentenciadas por crímenes violentos o delitos sexuales.  

Gabriel Martínez, ministro de Gobierno, manifestó que el recorrido tiene como finalidad recorrer los Centros de Privación de Libertad (CPL) para determinar cuáles son las falencias que impiden realizar un mejor trabajo, los requerimientos en cuanto a tecnología, personal, procesos, inteligencia que se ha levantado para poder determinar el nivel de peligrosidad y riesgo que existen.

Dijo que existen problemas pequeños que pueden resolverse con voluntad política, existen otros problemas de más largo aliento que van a requerir políticas de más largo plazo o recursos de más importancia.

Explicó que el Comité de Rehabilitación Social se ha declarado en sesión permanente, lo que les permite tomar decisiones muchas más aceleradas, además han involucrado a todas las carteras de estado como son Deportes, Trabajo Inclusión, Económica y Social, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Derechos Humanos, con quienes trabajan en el diseño de una política carcelaria a largo plazo, mientras toman decisiones puntuales inmediatas.

Una de las primeras acciones que han determinado es que tienen que tener separados a los integrantes de las bandas delictivas, es decir, a los integrantes de Los Choneros, Los Lagartos, en diferentes pabellones o instituciones para evitar que exista conflictos.

En abril van a contratar 200 agentes de seguridad penitenciaria y están definiendo cuáles de los CPL tiene mayor necesidad o registran un mayor riesgo para poder alojar los recursos de una manera más eficiente.

Controlarán los escáneres no solo del ingreso de personas sino también de productos porque existen camiones que llegan de manera constante, por lo que es necesario evaluarlos, de los equipos que tienen un menor costo de reparación arreglarlos de manera inmediata.

Las requisas continuarán con el objetivo de decomisar las armas blancas, armas de juego, sustancias estupefacientes y objetos prohibidos dentro del CPL.

En el caso del Centro Penitenciario Cotopaxi, no hay las cámaras de seguridad necesarias para vigilar a los privados de libertad, esto debido a que en un amotinamiento registrado en octubre del 2015 se destruyeron una gran cantidad de cámaras de seguridad, razón por la cual cuando se registra amotinamientos los policías ingresan “ciegos” porque no tienen la capacidad de observar lo que está sucediendo.

Indicó que existen 1 600 policías dando seguridad en las cárceles del país, y tienen 1 200 policías custodiando los arrestos domiciliarios, existiendo un exceso de fuerza policial que debería estar en las calles ayudando a controlar el orden público.

El General Carlos Cabrera, inspector General de la Policía Nacional, manifestó que van a emplear tecnología para arreglar los escáneres y realizar un mejor trabajo al momento que ingresen los vehículos y las personas a los centros de rehabilitación.

Indicó que todo el tiempo realizan requisas en cada uno de los pabellones, por lo que han identificado lugares donde necesitan mantenimiento, los operativos estarán vigentes porque necesitan tener el control de los centros penitenciarios.

Explicó que el trabajo de inteligencia es importante para las operaciones policiales y son las que están determinando si existen o no falencias, en el caso de existir falencias tratarán de solventar en el menor tiempo posible, para que los informes de inteligencia sean más proactivos para entregar un mejor resultado a la ciudadanía.  (I)