Leonidas Iza Salazar, presidente del MICC.

El Presidente del MICC, señaló que la demanda  que presentarían en contra del Estado será por lesa humanidad; pero hay una fecha para la presentación de esta petición, previamente quieren agotar todas las instancias  en la justicia del país.

Leonidas Iza Salazar, indicó que el Gobierno Nacional a raíz de la movilización de octubre del 2019, ha iniciado varias acciones judiciales en contra de 317 dirigentes indígenas del país, estamos enfrentando y diciendo lo que realmente pasó en la movilización ante la justicia.

“Por las 11 personas fallecidas durante las movilizaciones no es posible que la Fiscalía no haya iniciado de oficio un proceso investigativo y poder esclarecer las razones de las muertes, por ello el sector indígena, el año pasado entregó una solicitud que permita determinar los niveles de responsabilidad ante la Corte Constitucional y hasta la fecha no existe un respuesta negando o aceptando”, dijo Iza.

El pueblo indígena saluda el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre los hechos de octubre, por ello hacen un llamado al Gobierno Nacional a la calma, no se puede garantizar la paz, declarando la guerra, apuntó el dirigente.

Estamos de acuerdo con el informe de CIDH que habla de un excesivo uso de la fuerza; pero no estamos de acuerdo con algunos puntos que señala el informe; por lo tanto, será la justicia de forma independiente la que determine los grados de responsabilidad por los niveles de violencia que se generaron.

El Presidente del MICC indicó que están agotando todos los mecanismos dentro de la justicia del país; pero al no existir respuesta sobre las investigaciones para esclarecer los fallecimientos que existieron en la movilización, tendremos que buscar espacios en las instancias internacionales.

La demanda en contra del Estado que plantearán los dirigentes indígenas será por lesa humanidad en las instancias internacionales, Iza dijo que por el momento no existe una fecha para la presentación de la petición ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, están trabajando en una valoración jurídica con la Asociación de los fallecidos. (I)