Personas que acuden a la Defensoría Pública. FOTO M.S. LA GACETA

Según la Defensoría Pública en Cotopaxi un 60% de las víctimas de violencia desiste o no comparecen a diligencia porque viven de los ingresos del agresor, por ende, no se puede generar una sentencia condenatoria, pese a que los servicios son gratuitos, actualmente la entidad motiva a las mujeres a poner la denuncia y permitir que Fiscalía continúe con el trámite.

La Defensoría Pública del Ecuador es un organismo autónomo que forma parte de la Función Judicial, cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios de defensa legal.  

Entre los servicios que oferta están las denuncias de violencia intrafamiliar, para esto en Cotopaxi se ha designado cuatro Defensores Públicos.  En Latacunga, hay dos defensoras públicas: Mélida Caiza y Lizet Gálvez; La Maná, Wilmer Gamboa y en Pujilí, Fernando Calvopiña.  Los casos son abordados directamente con la Fiscalía para ejecutar una sentencia condenatoria a las personas que agreden a las mujeres o personas del núcleo familiar.

Desde el 21 de septiembre 2018 hasta junio del presente año la entidad ha recibido de 200 a 300 causas y en su totalidad han podido patrocinarlas; sin embargo, de ello no se puede establecer una sentencia condenatoria.

Santiago Chipantásig, defensor público provincial en Cotopaxi, explicó que un 60% de las víctimas desisten o no comparecen a diligencias, la razón es porque muchas veces viven de los ingresos del agresor y cuando conocen que dicha persona tendrá una sentencia condenatoria, es cuando las mujeres se arrepienten o no quieren denunciar ese tipo de hechos.

Es un limitante “porque no se puede obligar a la persona que venga al testimonio anticipado o se presente a la audiencia y continúe con el proceso con Fiscalía”; pero a decir del Defensor Público “muchas veces las personas se cansan de estar en las diligencias, pese a que inicialmente se les explica el trámite”.

El 70% de los casos son por violencia física mientras que el 30% es sexual y psicológica. Chipantásig expresó que en las comunidades que están alejadas incide este problema y fruto de ello es el consumo del alcohol.

 “Les patrocinamos, motivamos porque se trata de romper el vínculo o círculo vicioso que están estableciendo y que se viene dando”, reveló el Director Provincial. No obstante, tratan de trabajar con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y la Mesa de Género “para que se rompan esos paradigmas y que se establezcan nuevos modelos para establecer los derechos que tienen las mujeres, niños, adolescentes y poder patrocinar los procesos”. (I)