Juan Pablo SAnsur

La despenalización del aborto en casos de violación debe plasmarse en realidad, tanto es así que el 28 de abril del 2021 la Corte Constitucional dictó la sentencia resolviendo la inconstitucionalidad que se relaciona con penalizar el aborto en casos de violación, de esta manera se garantizaría el acceso al aborto seguro como también al tratamiento apropiado posterior.

En la sentencia de la Corte Constitucional se explica que resulta algo desproporcionado encarcelar a las mujeres y a los profesionales de la salud por consentir interrumpir los embarazos producto de violaciones las cuales son independientes de su capacidad mental, además explica las consecuencias de los embarazos forzados con la amenaza coercitiva del Estado. Resulta preponderante esgrimir cifras, en tanto en cuanto en el Ecuador: 17.748 niñas entre los 9 y 14 años fueron violadas entre el 2009 y el 2016, más de 6 por día, solo 449 casos fueron denunciados a las autoridades, es decir el 2.5 %, la mayoría de las violaciones se produjo por padres, hermanos y parientes. Más de 20.000 niñas menores de 14 años dieron a luz entre el 2008 y el 2018, 718 tenían  menos de 10 años, en más de un 70 % las niñas gestan con infección de vías urinarias y anemia, con riesgo para sus vidas y de las criaturas concebidas, más allá o no de la legalización de los abortos en caso de violación los mismos continuarán a través de la clandestinidad, lo que se trata es de evitar los abortos clandestinos y por consiguiente la mortalidad como la criminalización, las cuales quedarán abolidas y extinguidas en contra de la mujer como también en contra del galeno, por lo tanto quienes son partidarios de legalizar el aborto en casos de violación argumentan que en lo posterior las condiciones sanitarias serán seguras y confiables, en muchas de las ocasiones las mujeres que pueden acceder al aborto son las de mayores recursos en desmedro de las mujeres que no tienen ingresos, las relaciones sexuales se dan por amor o pasión, más allá de esto son producto del consentimiento mutuo, las relaciones sexuales deben ser consensuadas más no forzadas, razón por la cual estoy de acuerdo con despenalizar el aborto en caso de violación. 

Cómo puede ser posible que el Ecuador sea el segundo país en América Latina con embarazos adolescentes, muchos de los cuales son producto de violaciones, por lo tanto la mujer debe tener soberanía sobre su cuerpo.

En la Comisión de Justicia del parlamento ecuatoriano se aprobó el informe de mayoría  en cuanto a este proyecto y se determinó en relación con la temporalidad que en el caso de niñas y adolescentes menores de 18 años víctimas de violación la interrupción voluntaria del embarazo se puede realizar hasta la semana 22 de gestación y en el caso de las mujeres de 18 años en adelante podrá aplicarse este procedimiento hasta las 20 semanas de gestación (5 meses); y para aquellas con discapacidad mental se aplicarán los protocolos ya establecidos por el Ministerio de Salud.

Se deben generar mayores posibilidades de consensos en el pleno legislativo en cuanto a este capítulo, por lo que se debería analizar en forma adusta profesionalmente cuál es el plazo técnico para proceder al aborto en casos de violación, porque se podría abrir la rendija de la discrecionalidad ya que no necesariamente sean las mujeres violadas las que aborten, quienes defienden el informe de mayoría de la Comisión de Justicia dicen que lo que se trata es de evitar la criminalización al establecer estos plazos.

El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo (ID), asevera que la decisión que se tomó en el caso de las niñas y adolescentes es porque no se enteran de su embarazo hasta que llegan al tercer trimestre. Por otro lado, se estableció la objeción de conciencia la cual será personal y no institucional, así lo instituye el proyecto de ley que trata la despenalización del aborto en casos de violación, esto quiere decir que un hospital no puede tener como política institucional la negativa de practicar abortos a mujeres víctimas de violencia sexual.

 Hay que abordar el capítulo mediante el cual una mujer de 18 años que haya sufrido violencia sexual y que quiera abortar deberá llenar y presentar un formulario que estará disponible en todos los hospitales del país, para las mujeres menores de edad no existirá ningún requisito, el documento especifica que bajo ningún concepto se requerirá la denuncia, examen o declaración previa alguna a la niña, adolescente, mujer o persona gestante que desee interrumpir su embarazo producto de la violación, para garantizar el acceso a la justicia y no a la impunidad todos los casos serán puestos en conocimiento de la Fiscalía por el establecimiento de salud para su investigación y sanción en el plazo máximo de 48 horas.

Debemos suprimir posiciones dogmáticas y fundamentalistas tanto para quienes defienden o no la despenalización del aborto en caso de violación, el debate debe ser el instrumento para legislar de forma responsable y conseguir de esta manera un cuerpo normativo el cual debe ser acorde a las expectativas médicas y de las mujeres las cuales han sido violentadas, todo bajo parámetros técnicos, profesionales más no políticos. (O)