Sin duda una de las problemáticas más relevantes que enfrenta la sociedad ecuatoriana es la del abuso sexual a menores de edad, el embarazo de niñas y adolescentes es una cruel realidad, para noviembre del 2021 se calculaba que 7 niñas menores de 14 años daban a luz todos los días.

Lo más grave de esta situación es que la mayoría de los casos obedece a violencia sexual por un adulto conocido. Ecuador es el segundo país de la región con el índice más alto de embarazo en adolescentes especialmente de un estrato económico precario.

La pandemia y la pobreza han desatado este fenómeno  social que constituye un crimen, miles de niñas y adolescentes se ven obligadas a vivir en un estado de terror permanente, mientras desde distintos ámbitos se trata de mejorar su condición de vida, su acceso a la educación,  a la salud, su capacidad de denunciar el abuso.

Pero quién devuelve a estas mujeres su inocencia, su alegría de vivir, sus  esperanzas en un futuro mejor. Las denuncias por abuso sexual no pueden quedar en la impunidad, los actores de justicia deben cumplir con diligencia los procesos correspondientes porque la falta de respuesta ha permitido que esta perversión se vuelva común y prolifere.

Si bien es cierto la violación se detalla en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y estipula una pena de diecinueve a veintidós años de privación de libertad. Pero también es cierto que en un porcentaje alto no se denuncia el hecho y por tanto no hay castigo para este crimen. 

Como sociedad  no podemos continuar observando impávidos el desarrollo de estos acontecimientos, que deben terminar de una vez por todas.  (O)