La democracia ecuatoriana enfrentó otra prueba de solidez con motivo de la “Ley de Crecimiento Económico” presentada por el Ejecutivo con carácter de urgente, que debía ser tratada por los padres de la Patria dentro del plazo improrrogable de treinta días, o ser puesta en vigencia por el Ministerio de la Ley. Penosamente, la prueba NO fue superada. La aspiración del Presidente Moreno de lograr cambios, plasmados en más de 400 artículos no se cumplió, por decisión de 70 votos de bancadas diversas que coincidieron en la conveniencia de archivarla.
El poder legislativo es una representación variopinta del pueblo ecuatoriano, y por consiguiente sus diferencias de criterio son consustanciales a la democracia. Más, estos criterios que reflejan la diversidad de habitantes, deben conciliarse para encontrar los puntos de convergencia, que serán las bases sobre las cuales se desarrolla la convivencia pacífica, respetando el Derecho de todos, que estará siempre limitado por el Derecho de los demás.
El momento que vive nuestro país en materia económica, requiere acciones bien orientadas, oportunas y con la contundencia que permita cambiar el rumbo equivocado que llevamos desde hace doce años, en que a mala hora nos convertimos en nuevos millonarios sobre las ilusiones que provocó el aumento inesperado del precio del petróleo, sin que nadie pueda asegurar el tiempo que duraría, hasta regresar a la modesta economía que teníamos. Vivíamos “pobres pero honradamente”. Ahora vivimos como ricos pero con dinero ajeno.
Las crisis económicas llegan sin invitación. Ocurre hasta en los países desarrollados. Pero cuando llegan, pueden quedarse por largo tiempo, dependiendo de lo que sus anfitriones hagan al respecto. Es aquí donde revive la demagogia. Los políticos que, cual ave de rapiña, acechan en espera de que se presenten problemas que afecten a las grandes mayorías, para con cualquier pretexto, como puede ser la promulgación de un Decreto o el trámite de una ley, subir al escenario y culpar a los gobernantes de turno de lo que acontece, rasgándose las vestiduras, mientras proclaman al mundo que ellos SI saben cómo manejar la situación.
Estas crisis son el caldo de cultivo ideal para el POPULISMO, que corre por calles y plazas, soliviantando a pobres, enfermos, desempleados, insatisfechos (casi todos), opositores políticos, jóvenes desorientados y en definitiva todo aquél que tuviera algo porqué protestar, para desahogarse de lo que le atormenta, sin medir las consecuencias directas e indirectas que puede ocasionar, agravando la situación, pues en democracia se deben conciliar los intereses en paz y haciendo legítimo uso de los espacios creados para ello.
En materia de tributación, solo puede ser el Presidente quien toma la iniciativa, para formular las propuestas a la Asamblea, llamada para “analizar, discutir y formular leyes”, buscando lo mejor para el país, por encima de sus intereses personales o partidistas, pues el futuro dependerá de su capacidad de aprobar las normas adecuadas. Lamentablemente, estos intereses mezquinos de legisladores que buscan acomodar su posición para lograr bonos ante el electorado, llevan la discusión técnica de los asuntos económicos, al plano político en donde priman sus intereses, que cobran mayor preocupación por la cercanía de las elecciones presidenciales.
Sin exculpar la responsabilidad del Ejecutivo de proponer cambios coherentes, tampoco es aceptable la posición extrema de los legisladores que, en busca de un TROFEO político, no tienen empacho en mandar al archivo la propuesta, sin más trámite ni analizarla responsablemente, o dar alternativas que el país necesita para empezar a salir de la crisis. ¿Acaso con derogar el decreto 883 y archivar la propuesta de ley, hemos dado solución a un solo problema?
¡SEÑORES ASAMBLEISTAS LEGISLEN EN FUNCIÓN DE PAÍS! (O)