Sin duda que, con la pandemia, hay un antes y un después en el tema laboral, no sólo en este país, sino en el mundo entero. Hoy los trabajos y las necesidades se volvieron mucho más virtuales y ante esta realidad hay muchas plazas laborales que se están perdiendo. Es evidente que se necesita de manera urgente adaptar una nueva legislación de trabajo, acorde a las exigencias y a las circunstancias actuales.  

El nuevo gobierno tiene una gran responsabilidad en este tema, pues el 70% de desempleo en el que vive el país actualmente es simplemente inmanejable, el Ecuador y las familias piden a gritos empleo, no puede ser que sólo alrededor del 25% de los ecuatorianos tengan trabajos adecuados, los demás están en la  informalidad1 o trabajos momentáneos. 

En los actuales momentos de la manera en la que se presentan las circunstancias, es imprescindible que se categorice los empleos y las obligaciones, hay empresas muy grandes y productivas, que tienen la obligación de repartir su riqueza con sus empleados, pero una gran parte de empresas medianas y pequeñas, se encuentran al filo de la cornisa, a punto de caer, para este segmento, deberían haber otro tipo de condiciones, pues en los momentos actúeles, resulta absurdo generalizar la ley, esto simplemente está ocasionado que más y más empresas cierren sus puertas, y junto con ellas el desempleo y la desocupación siguen creciendo. El Ecuador necesita dinamizar la manera de contratación de acuerdo a las circunstancias y a lo que declara cada empresa, esto es, algo clave en este contexto, en el que muy difícilmente los sindicalistas y los politiqueros, darán paso a una nueva legislación laboral.  (O)