Constituye un acontecimiento ciertamente importante la visita del Presidente de la República a Israel: es el primer jefe de Estado ecuatoriano en hacerlo. Según se ha anunciado, los temas a tratarse entre otros son: la firma de un memorándum de entendimiento para llegar a un tratado de libre comercio; y, un acuerdo de cooperación en materia de seguridad. Este último es indudablemente relevante, en una coyuntura especial por la que atraviesa el país.
Es muy conocida la extraordinaria capacidad que tiene el Estado de Israel para garantizar su seguridad interna, combatir el terrorismo y la delincuencia organizada. La formación de sus cuerpos policiales de élite, son altamente reconocidos en el mundo, al punto que muchos países envían a miembros de sus fuerzas del orden, a realizar cursos de especialización en cuestiones de estrategia, fundamentalmente en áreas de inteligencia.
Los servicios de inteligencia permiten conseguir información privilegiada no solamente para posibilitar perseguir, lograr el castigo al crimen y evitar su repetición, sino para prevenirlo. Es una cuestión vital garantizar la seguridad. Constituye un valor esencial para posibilitar el desarrollo y el normal desenvolvimiento de las actividades en una sociedad. Por tanto, el concepto seguridad tiene características transversales, dado que está conectada a toda acción o política pública, con efectos colaterales importantes.
Buscar un acuerdo de cooperación en materia de seguridad puede tener varias lecturas, pero la que tiene más relevancia es que el gobierno está ciertamente desesperado, puesto que las acciones y medidas que ha tomado no le están dando los resultados esperados o no son los métodos requeridos o apropiados. Coincide con el cambio de la cúpula militar y policial, a fin de replantear estrategias que posibiliten a la gente vivir en paz y tranquilidad. Subrayemos algo: ¡hasta la fecha no se ha reparado el radar que se instaló en el cerro Montecristi!
Es indudable que hubo decisiones de anteriores gobiernos que no supieron divisar el entorno psicosocial regional y no se prepararon para enfrentar las crecientes y variadas amenazas. Y más bien todo lo contrario: miraron hacia otro costado. Además, resulta imperdonable la irresponsabilidad de la Asamblea Nacional al no dar respuesta a este asunto crucial: aún no aprueba la Ley de uso progresivo de la fuerza. Este instrumento jurídico permitirá a las fuerzas del orden ejercer sus atribuciones constitucionales y legales, con eficacia, oportunidad y contundencia en contra de la delincuencia, sometiendo a los criminales a la justicia.
La función judicial -que también está en deuda con la ciudadanía-, tiene el deber de actuar y sancionar con rigor todo hecho delictivo, no permitiendo la impunidad. Si no está en sintonía con las otras funciones del estado, los esfuerzos que se realicen serán nulos. Por ello, coincidimos en que “la seguridad no es costosa, no tiene precio” (Jerry Smith). Ecuador, al igual que otros países de la región, está inmerso en una ola de violencia nunca antes vista: pasamos de ser un país de paz, a un país violento. El crimen atroz se ha hecho presente y no tiende a bajar sus indicadores.
El principal deber del estado es dar seguridad a sus ciudadanos; toda acción que se ejecute, toda medida que se realice y toda inversión económica que se provea para el cumplimiento de este valor inmanente, están bien realizada y justificada. Lo cierto es que no se puede seguir soportando tantos hechos violentos, pues están afectando a todos y obviamente a las actividades económicas, entre ellas al turismo, asociado a un transporte aéreo eficaz, regular y económico que requiere también de un ambiente seguro. (O)