En nuestra opinión emitida en La Gaceta del sábado 28 de agosto de 2021, tratamos sobre la gestión responsable que debe ser el norte de los asambleístas que conforman la Asamblea Nacional y señalamos que el proceso de formación de leyes es muy complejo, y advertíamos, que  en nuestro sistema parlamentario es necesario se utilicen técnicas legislativas, de las cuales -lamentablemente- quienes llegan a la legislatura en su mayoría carecen. La Asamblea Nacional tiene la atribución constitucional de “expedir, codificar, reformar y derogar las leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”. A su vez las leyes que se producen en el Parlamento deben garantizar el derecho a la seguridad jurídica que requiere una sociedad, es decir que desde su inicio de formación toda ley  debe sustentarse en el respeto a la Constitución y en la existencia de otras leyes, previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.

El Consejo de  Administración de la Legislatura -CAL- órgano de la Función Legislativa, tiene la facultad de calificar todo proyecto de ley que sea remitido a la Asamblea Nacional, para ello se debe solicitar el correspondiente informe  a la Unidad Técnica Legislativa, previo a la calificación por parte del Consejo de Administración Legislativa. Ahora tiene presencia este órgano legislativo de asesoría, porque el día miércoles 29 de los corrientes, este órgano  legislativo negó el ingreso a trámite del Proyecto de Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, enviado por el Ejecutivo con el carácter de económico urgente basando su decisión en el informe técnico emitido por la Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional. El informe Técnico-Jurídico no vinculante esta signado con el Nro. 0123-INV-UTL-AN-2021 de 28 de septiembre de 2021.

La Unidad Técnica Legislativa tiene entre sus atribuciones asesorar en materia de técnicas legislativas y parlamentarias, dar acompañamiento al proceso de creación de leyes, cuando así lo requieran el Consejo de Administración Legislativa, las Comisiones Especializadas y el Pleno de la Asamblea Nacional, mediante la formulación de informes técnico-jurídicos  -no vinculantes- en aplicación del Art. 30 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Art. 18 del Reglamento  Orgánico Funcional de la Asamblea Nacional, Art. 1 de la Resolución del Consejo de Administración Legislativa y el Reglamento de Técnica Legislativa, aprobado mediante Resolución CAL- 2019-2021-419, de fecha 18 de febrero de 2021.

Concluye el informe de la UTL, señalando que el Proyecto de Ley de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, no cumple con el requisito establecido en el Art. 136 de la Constitución de la República y el Art. 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, respecto a la unidad de la materia por no existir la relación de conexidad causal, temática, teleológica y sistemática de los contenidos normativos establecidos mediante reformas a leyes como: Libro Primero del Código del Trabajo, Código de Ingenios, Ley Organiza del Servicio Público de Energía Eléctrica , Ley Orgánica para el Desarrollo de la Agricultura y Pesca, Ley Orgánica de Prevención Integral del fenómeno socio económico, Ley Orgánica de Uso y Agro diversidad, Ley Notarial, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y gestión del Suelo, Código Orgánico de Ordenación Territorial, Autonomía y Descentralización y Ley Orgánica de Movilidad Humana.

Sin embargo de ser un informe no vinculante fue acogido por cinco de los siete miembros del Consejo de Administración de la Legislatura y decidió no calificar  el mencionado Proyecto y devolverlo al Ejecutivo,  a efectos de que las causales  que derivan en el incumplimiento  de los requisitos de calificación  y los posibles vicios de inconstitucionalidad sean subsanados conforme a lo establecido en el Art 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

El señor Presidente podrá  en este caso insistir en el proyecto o acoger las observaciones parlamentarias y enviar varios proyectos, uno podría ser con el carácter de económico urgente y otro puede ser de reformas a las leyes sociales, entre ellas las que son de carácter laboral. Insisto en que no debería ser la vía directa de consulta al pueblo y peor aún el de la denominada muerte cruzada, pues en las circunstancias actuales no son recomendables.