La firma de una “tregua” de noventa días entre el Gobierno de Lasso y los manifestantes, devolvió momentáneamente la paz a la cotidianidad en los espacios públicos, luego de 18 tortuosos días de angustia. Esta pesadilla, marca una página obscura de nuestra historia Republicana, que debe ser analizada para comprender sus verdaderas causas y pretensiones ocultas. Las consecuencias de la asonada son inmediatas, mediatas y de largo plazo. Es necesario hacer un balance de la magnitud de los efectos y daños, así como beneficios, si acaso existen.

Como todos los países del mundo, Ecuador arrastra un cúmulo de problemas que crecen con el paso del tiempo. Las limitaciones para resolverlos, son de orden económico, político y social. Las prioridades las marcan los actores políticos, especialmente, quienes tienen una agenda estrechamente atada a sus intereses partidistas y particulares. El acceso al poder por medio de las urnas, está condicionado a la capacidad de ilusionar a las clases mayoritarias por medio de ofertas demagógicas que se alinean con el más puro populismo, que impera en Latinoamérica.

Una vez en el poder, el paternalismo se impone como método para preservar el apoyo popular, sin importar que la economía se debilite rápidamente, hasta que colapsa y pierden el poder a otra tendencia política de oposición que tratará de enderezar el rumbo. Casi siempre, el pueblo desespera por soluciones milagrosas y añora los tiempos del populismo que resolvía momentáneamente sus necesidades, sin importar las consecuencias futuras. Consecuentemente, los votantes vuelven a engañarse con las ofertas populistas que reviven de las cenizas, para iniciar nuevamente el círculo pernicioso. Así hemos vivido los últimos 42 años de democracia. 

No debe extrañar, entonces, que este modelo político acumule grandes problemas ocultos, que crecen con el paso del tiempo. Uno de ellos, es la marginación de amplios sectores de la población, como los que se visibilizaron en este paro. La clase política ha priorizado la atención a otros sectores de la población, destinando la mayor cantidad de recursos a resolver de manera clientelar las demandas inmediatas, superficiales y políticamente convenientes a sus intereses. Han cedido a los grupos de poder como sindicatos, transportistas, gobiernos seccionales, movimientos políticos y sociales, etc. mientras se ocultan las necesidades básicas de grandes sectores de la población, como los indígenas.

El ejercicio del derecho a la protesta, consagrado en la Constitución de la República, termina donde empieza el derecho de los demás ciudadanos. No incluye el derecho a atentar contra la libertad de movilidad, expresión, trabajo, ni bienes públicos ni privados, ocasionados por los manifestantes, bajo claras consignas de sus dirigentes que son responsables como autores intelectuales. El fin no puede jamás justificar los medios. Tampoco es concebible fomentar que las injusticias del pasado se resuelvan con injusticia y violencia en el presente. Los movimientos sociales, en general, y especialmente las organizaciones indígenas, deben corregir sus estrategias para luchar por las reivindicaciones que por justicia merecen. No se pueden reivindicar derechos, atropellando el derecho de los demás. Las protestas deben ser pacíficas y deben pasar de la protesta a la propuesta de soluciones.

En esta corta tregua, en que aspiramos se construyan soluciones satisfactorias para las partes, debemos buscar el espacio para conciliar los intereses de todos los sectores sociales y construir un proyecto de país sostenible, sustentable e inclusivo, con oportunidades para todos. Para esto, proponemos desde la ciudadanía una PACTO SOCIAL. Esto involucraría a todos los actores sociales, en la búsqueda de grandes objetivos nacionales de mediano y largo plazo, empezando por identificar los consensos, con el ánimo de impulsarlos entre todos, independientemente de quienes gobiernen.

¡PACTEMOS EL FUTURO! (O)