El poblado está cerca del Centro de Rehabilitación Social (CRS). FOTO J.P. LA GACETA

El miedo se transformó en indignación, los moradores están organizándose, la consigna es “tomar justicia por sus propias manos”.

Ubicada al noroccidente de Latacunga, la Comunidad Jurídica de Patután, perteneciente a la parroquia urbana Eloy Alfaro, pasó de ser un lugar tranquilo, a ser protagonista de hechos que inmutaron a la sociedad local y nacional por su crudeza; en menos de una semana hallaron el cuerpo de mujer muerta, y otra estuvo a punto de ser secuestrada.

La Comunidad está conformada por  6 mil habitantes distribuidos en 980 familias, la mayoría nativos del lugar; crecieron jugando en las chacras, caminando en los senderos y pastoreando en el campo. Pero tras los últimos acontecimientos, lo que menos quieren hacer es perderse por los matorrales; podrían no volver jamás.

“Todo esto empezó hace unos seis años que se instaló la cárcel”, dijo Manuel Guanoluisa, propietario de una de las tiendas del sector. Pese a estar cerca de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC), la rutina de su negocio cambió, antes atendía hasta las 22:00, ahora solo atiende hasta las 19:30. Además colocó una rejilla en el ingreso a su covacha, la medida fue adoptada por la mayoría de los 12 locales que circundan el parque.

De acuerdo a Guanoluisa las tardes, especialmente desde las 13:00 se evidencia un “desfile” de gente desconocida, sostiene, son allegados, visitantes de las personas que permanecen reclusas en el Centro de Rehabilitación Social (CRS), que está justo al frente de la comunidad.

Una moradora que prefirió mantener su nombre en reserva, aseguró que muchos de los allegados al CRS se quedan en el barrio, “se aprovechan porque es un lugar alejado, botado de las autoridades, ya hasta empezaron a vender droga cerca de la escuela”, denunció.

La mujer de mediana edad no es la única que asegura que existe venta de droga, todos los vecinos lo comentan, “a veces vemos carros con vidrios polarizados, sin placas, circulando en la tarde”, recordó.

La tarde del martes 2 de julio se conoció de un carro que había sido desmantelado en el sector Cruz Loma, cerca de Patután. “Estamos temerosos, pero también decididos, si los encontramos vamos a tener que hacerles justicia indígena”, aseguró Guanoluisa.

Con el criterio del morador coincide Oscar Caizaluisa, presidente de la Comunidad, quien desde septiembre del 2018 lidera rondas nocturnas, que se convirtieron también en vespertinas, para no dejarse sorprender por la delincuencia a plena luz del día. A la par, se coordinó para que los operativos de control con la Policía Nacional sean conjuntamente con las Fuerzas Armadas.

Los controles en las Unidades Educativas estarán encabezados por Fiscalía, Dirección Nacional de Policía Especializada en Niñez y Adolescencia (Dinapen) y Fiscalía.

“Vienen a estos lugares porque son aislados, ahora que estamos organizados, seguramente ya se fueron a otro lugar parecido para poder atacar, creo que todos estamos en peligro”, afirmó un morador. (I)