Según lo define nuestro venerable y muy querido Código Civil, en su artículo 1,  “la ley es la declaración de la voluntad soberana que, en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite”. Para que entre en vigencia la ley, debe publicarse en el Registro Oficial, órgano del gobierno del Ecuador. Corresponde a la Asamblea Nacional,” expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio” (artículo 120, número 6, de la Constitución). En el proceso de aprobación de la ley, interviene el Presidente de la República para sancionar u objetar, parcial o totalmente. 

El Presidente Guillermo Lasso, en uso de la facultad que le confiere el artículo 140 de la Constitución, envió a la Asamblea Nacional el proyecto de “ley de creación de oportunidades”, calificándola de urgencia en materia económica. El Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL), órgano administrativo -como su nombre lo indica-solamente tiene la atribución para calificar el proyecto, según la materia, a fin de enviarlo a la respectiva comisión para su estudio y posterior tratamiento en el pleno de la legislatura, la que “deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos dentro de un plazo máximo de treinta días a partir de su recepción”.

Sin embargo, el CAL, arrogándose facultades que no las tiene, ha procedido a “devolver” al ejecutivo el proyecto de ley, atribución que no la tiene ni la mismísima Asamblea Nacional. Por tanto, resulta evidente que se actuó de manera inconstitucional, arbitraria, irresponsable e ilegal; recuérdese que en Derecho Público solamente puede hacerse lo que está expresamente establecido en la Constitución y la ley. No les está permitido devolver proyectos, sino tramitarlos a los efectos de que se proceda a aprobar, modificar o negar, y eso evidentemente no ocurrió.

De ahí que, uno de los caminos jurídicos que puede optar el señor Presidente de la República, es esperar que transcurra dicho plazo para que el mencionado proyecto lo promulgue como decreto-ley y disponga su publicación en el Registro Oficial, con lo cual entrará en vigor por el ministerio de la ley, puesto que la Asamblea Nacional no hizo uso de cualquiera de sus atribuciones, como ordena expresamente la Constitución. Se le ha sugerido consultar a la Corte Constitucional (CC) para que confirme que no correspondía la simple devolución del proyecto.

Al margen de lo mencionado, no hay que perder de vista las consecuencias políticas, sociales y económicas que pueden sobrevenir, si se inclina por este procedimiento, más las colaterales, fácilmente previsibles y de complejo tratamiento, entre ellas, las demandas de inconstitucionalidad por el fondo y por la forma que se presentarán a la CC; se sumarán las anunciadas protestas de la CONAIE, FUT, y de los consabidos activistas de profesión que pondrán “sal y pimienta” a las manifestaciones, mismas que no son propiamente pacíficas o motivadas por objetivos altruistas, sino que se han constituído en oportunidad para crear caos, destrucción de la propiedad pública y privada y desestabilizar al gobierno. 

Si bien existen otras alternativas jurídicas y políticas para solucionar el impase, tendrán que ser sopesadas y analizadas cuidadosamente, teniendo en cuenta que la paz social es un valor que debe ponderarse y considerarse en grado sumo.