Entendiendo a la sentencia como la decisión que legítimamente dicta el juez competente, juzgando de acuerdo con su opinión y según la ley o norma aplicable, el día martes 8 de septiembre de 2020, el Tribunal de Casación notificó a los sujetos procesales con el contenido de la sentencia por escrito en el caso conocido como “sobornos 2012-2016”, así comenzaron a correr los tres días para interponer los recursos de aclaración y ampliación, que no modificarán en absoluto el contenido íntegro de la sentencia. En consecuencia me permito compartir   -que corresponde-  a las diferentes instituciones luego de ejecutoriarse la sentencia en este histórico juicio.

Le corresponde a la Policía Nacional luego de que sean atendidos los recursos factibles de interponerse, proceder a la ubicación y captura de los sentenciados, entre prófugos, en libertad más de una docena, uno en prisión domiciliaria, que deberá pasar a un centro penitenciario y otro que está cumpliendo una pena como consecuencia de  haber sido sentenciado en otro delito por él cometido. Deberá también colaborar con la Interpol a fin de que una vez que se encienda la alerta roja se proceda a nivel internacional a la ubicación y captura de los sentenciados.

Le corresponde a la Procuraduría General del Estado, la recuperación integral de USD 14 745 297, que deben pagar los sentenciados. En este procedimiento no existe plazo para proceder a la recuperación integral de estos millones de dólares, pero está claro que de conformidad con el marco constitucional y legal le corresponde a la Procuraduría General del Estado iniciar de inmediato las acciones legales  para hacer efectiva la sentencia en lo referente a la recaudación de esos millones establecidos en la sentencia. Para el cumplimiento de la obligación constitucional y legal de la Procuraduría General del Estado es necesario que el tribunal de Primer Nivel comunique con el contenido de la sentencia y determine la recaudación  del dinero establecido como reparación económica.

Le corresponde al Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de la sentencia por cohecho pasivo propio agravado,-materia de este artículo de opinión- de conformidad con la Constitución de la República, inhabilitar a los sentenciados para desempeñar cargos públicos. Adicionalmente, no podrán ser candidatos para designaciones de elección popular, conforme lo determina el Art, 233 de la Ley Suprema, que trata de la pérdida de los derechos de participación y el Art. 96 de Código de la Democracia, razón por la cual el contenido de la sentencia ejecutoriada deberá ser comunicada oficialmente al Consejo Nacional Electoral. La inhabilidad es a perpetuidad; mientras que la pérdida de los derechos de participación y ciudadanía, por el tiempo que dura la sentencia, en el presente caso 8 años, que corresponde a la pena impuesta.

Le corresponde a la Asamblea Nacional, una vez ejecutoriada la sentencia, la cesación de funciones  de la asambleísta  nacional Viviana Bonilla. Opino que esta cesación debe operar de pleno derecho, pues no estando normado el caso, ni en la Carta Suprema, ni en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, procede la cesación inmediata, para lo cual se debe comunicar con el contenido de la sentencia a la Asamblea Nacional. No se requiere  -por tanto- conocimiento y aprobación del Pleno del Parlamento, todo esto de conformidad a lo dispuesto en el Art. 115 de la Constitución de la República, que establece las causales para la cesación de funciones cuando existe una sentencia penal  condenatoria ejecutoriada.

Adicionalmente, esta sentencia quita la pensión vitalicia que venían percibiendo el expresidente Rafael Vicente Correa Delgado y el exvicepresidente  Jorge Glas Espinel, de acuerdo a la reforma a la Ley de Servicio Público, introducida en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, vigente desde junio pasado.

Corresponde  a todos los ecuatorianos vigilar el cumplimiento estricto  de esta sentencia, que pasando a ser histórica, nos indica que nadie –por poderoso que aparezca- puede estar por sobre la ley, mucho más aquellos que llegan a administrar el Estado con el voto popular.(O)