El gobierno de la década perdida,  aprobó -junto a sus asambleístas- la denominada “Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo”, esta Ley se encuentra publicada en el Registro Oficial No. 720, de 28 de marzo de 2016. Al Código del Trabajo se lo reformó aumentando los Arts. 47.1 y 47.2, señalando que en casos excepcionales, la jornada de trabajo podrá ser disminuida, hasta un límite no menor de treinta horas semanales por un período no mayor a seis meses renovables por seis meses más por una sola ocasión y las aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social serán pagadas sobre ocho horas diarias de trabajo. Al crearse el Seguro de Desempleo se lo financió con los aportes que el trabajador venía aportando para su Cesantía en el IESS y se le “encargó” como siempre al propio Instituto el desarrollo de esta prestación.

Al término del desgobierno de Correa, le sucede Lenín Moreno, quien demuestra apertura democrática y lo hace suprimiendo organismos estatales que controlaban el derecho de libre expresión, pero no hay duda de que es la continuidad de la revolución del Siglo XXI, (basta mirar la superestructura del gobierno con la misma gente que por acción u omisión son parte de la debacle nacional de estos largos -ya casi 14 años de gobierno de los mismos-). La presencia de un virus que se ha convertido en pandemia y ha afectado al mundo -el covid 19-, hizo que se declare un estado de excepción sanitario  a nivel global; y obviamente, que se convierta en el momento apropiado para irse en contra de conquistas sociales-laborales que en épocas normales no se habrían podido implementar. El presidente Moreno en estas circunstancias remitió un proyecto ahora convertido en ley, denominada “Ley Orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del c0vid 19”, que se encuentra publicada en el Suplemento del  Registro Oficial No. 229, del 22 de junio de 2020, en cuyo artículo 20, señala que por eventos de fuerza mayor  o caso fortuito debidamente justificados el empleador podrá reducir la jornada laboral, hasta un máximo del 50% y el sueldo o salario del trabajador no será menor al 55% de la fijada previo a la reducción; y el aporte a la seguridad social se lo efectuará en base a los sueldos  o  salarios que perciba por la jornada reducida. En esta ocasión se dice que esta disposición se aplicará por un año, renovable por una sola vez. En la dictadura constitucional de Correa fue por un período de seis meses; en la continuidad de Moreno y aprovechando la pandemia se lo hace por un año, renovable.

Caso insólito en esta situación  es la interpretación de la disposición del Art. 169.6 del Código del Trabajo, pues muchos empleadores en conocimiento  de que en el proceso de aprobación de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del covid-19,  tratarían la interpretación de “la fuerza mayor o caso fortuito”, procedieron en el lapso de la discusión de la Ley a despedir a sus trabajadores. En todo caso estos empleadores y otros, con la vigencia del Art. 169.6 del Código del Trabajo y con la ley interpretativa, han seguido despidiendo a los trabajadores y/o a reducir su jornada de trabajo hasta un 50%., con ello menos ingresos para el trabajador, menos fondos de reserva, menos cesantía, menos calidad de vida.

Por último, se emite un Acuerdo Ministerial   MDT-2020-133, instrumento que en su Art.3,  dice que  caso fortuito o fuerza mayor se lo aplicará en base a lo señalado para este efecto en el Código Civil y no en lo estipulado en el Art. 169.6 del Código del Trabajo, -incluida la interpretación efectuada por la Asamblea Nacional-.  Respecto de lo cual, señalamos enfáticamente que el Código Civil actúa como norma “supletoria” que se la puede utilizar de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 6  del Código del Trabajo,  en todo cuanto no conste en  dicho Cuerpo Legal. No siendo este el caso, por consiguiente es ilegal este Acuerdo.

Estamos viviendo una verdadera precarización laboral, por tanto, corresponde a la Corte Constitucional estudiar, analizar y resolver con la urgencia que amerita todas las demandas presentadas en ese máximo órgano de constitucionalidad de la República, referentes a la vigencia inconstitucional e ilegal de estas disposiciones, con la misma celeridad con la que se ha resuelto pedidos de los gremios patronales (Decreto Ejecutivo 1119) e igualmente, declarar inconstitucionales e ilegales, me refiero a los Arts. 47.1 y 47.2 del Código de Trabajo. El capítulo referente a sostenibilidad del empleo que consta en el capítulo III de la mal denominada Ley  de Apoyo humanitario; y obviamente, el Acuerdo Ministerial No. MDT-2020-133 materia y objeto de  ésta mi opinión.(O)