Los eufemísticamente llamados “Centros de Rehabilitación Social” (CRS), son la expresión más palpable de un Estado carente de respeto a la dignidad humana, por el trato degradante a personas que han transgredido la ley, expresado en el hacinamiento que raya en la indignidad. Los CRS no fueron diseñados y construidos bajo los modernos sistemas internacionales recomendados, puesto que, por ejemplo, las personas privadas de libertad (PPL), no están asignadas en los respectivos lugares, celdas o pabellones, dependiendo de su peligrosidad. Los últimos acontecimientos suscitados en Guayaquil, por ésta y otras razones, son prueba fehaciente de que el sistema ha fallado estrepitosa y escandalosamente.

Muchos de ellos se encuentran cumpliendo penas por el cometimiento de crímenes atroces, como asesinatos, femicidios, narcotráfico; otros, por robo agravado, asaltos y atentados contra de la propiedad; y, por fin, los más quizá, por delitos menores, como sustracción de celulares u objetos de ínfimo valor. Pero lo abusivo del sistema se centra también en que miles de miles de personas se hallan presas sin sentencia, por la abusiva e irresponsable aplicación de la prisión preventiva, por parte de jueces carentes de suficiente preparación o de torcida aplicación de la ley, lo que ha contribuído no solo al señalado hacinamiento pavoroso de las cárceles, sino a demorar las sentencias. Justicia que tarda, no es justicia, se repite siempre.

Según información proporcionada a la Asamblea Nacional, por parte del responsable de la SNAI, cerca del 40% de los recluidos se encuentran sin sentencia, equivalente a 14.803 PPL. Este lacerante problema, no es una cuestión nueva para la actual administración, puesto que, en el plan de gobierno exhibido, bajo el capítulo 3.5 (Seguridad interna), ya alertaba lo que sigue: “para abril de 2019 había 40.096 personas privadas de libertad en Ecuador, teniendo la infraestructura una capacidad de sólo 27.742. No podemos pasar por alto este grave problema de hacinamiento que aumenta la inseguridad e impide la correcta rehabilitación de las personas privadas de la libertad”.

Las alertas y el respectivo servicio de inteligencia no sopesaron lo que estaba por explotar internamente, como “olla de presión” sin control. Urge la adopción de medidas urgentes a fin de dar un primer paso en la solución del problema, otorgando beneficios penitenciarios, que se traduce en liberar a ciertas personas, como se ha venido anunciando, por supuesto no involucradas en delitos atroces; entre ellas: a) las de más de 65 años de edad; b) las que están con prisión preventiva, sujetas a sustitución de la medida; c) las que sufran enfermedades terminales o catastróficas; d) las que, dependiendo la pena impuesta, hayan cumplido parte de la misma. 

Otra acción -prevista en la ley-, es la deportación de extranjeros, en base a procedimientos expeditos, en consulta con los respectivos países. Lastimosamente los procesos vigentes son de tal naturaleza engorrosos que no hace más que agravar esta penosa realidad que, de por sí, está bajo pronóstico reservado y sin visos de solución a corto y mediano plazo.

Al rebajar la carga penitenciaria, el control de los violentos se tornará efectiva; sin embargo, reformas estructurales de fondo son prioritarias, para que los sistemas carcelario y judicial estén a la altura del deber y las circunstancias. Sin el comprometimiento de la función legislativa, no será posible revertir la manifiesta inseguridad existente en todo el país, cuyos ciudadanos miran con desesperación y justa preocupación, pues cualquier día puede tocarles en turno y ser las nuevas víctimas inocentes.