La crisis de la seguridad social en el país es un hecho que no se puede seguir tapando, frente a esta cruda realidad -durante los últimos gobiernos- se ha venido planteando como solución la aprobación de una nueva Ley  de Seguridad Social, sin otro análisis que no sea el de convencernos a los ecuatorianos que el Estado es un mal administrador y en consecuencia la entrega de prestaciones y servicios de la seguridad social, habría que entregársela a la empresa privada. Se viene  sosteniendo desde siempre sobre las bondades de los servicios  y la entrega de prestaciones por parte de la empresa privada, frente a una insuficiencia de  estos por parte de los entes estatales.

Es importante señalar que las reglas básicas del mercado señalan que este funciona mediante intercambio de bienes y servicios bajo su propia lógica. La actividad privada por naturaleza explorara siempre la búsqueda de  lucro y ganancia,- beneficio económico- que el Estado está obligado a controlar que sea razonable. Las políticas sociales del Estado  -entre ellas la seguridad social- no están –de ninguna manera- reñidas con la viabilidad financiera, pero obviamente si lo está con la búsqueda de beneficio y ganancia y peor aún –cuando estas políticas- pretendan sobreponer intereses  particulares o de grupo  frente a los superiores de las grandes mayorías. La seguridad social es un derecho humano irrenunciable y cada ser humano desde su concepción y hasta después de su muerte  tiene  derecho a que el Estado le atienda con oportunidad, con calidad e integridad con todas las prestaciones y sus servicios.

Una Nueva Ley de Seguridad Social,- por sí sola-,  no soluciona los graves problemas que viene acarreando el ente rector de la seguridad social en el Ecuador. Si, el país requiere una nueva Ley de Seguridad Social. La actual está vigente desde el 30 de noviembre de 2001 y obviamente está ley está estructurada obedeciendo el mandato de la Constitución de 1998, mientras que a partir de octubre de 2008, nos rige otra Carta Constitucional. El Ecuador requiere una nueva Ley de Seguridad Social que sea equitativa entre los agentes económicos  de los cuales no puede sustraerse  y que haga posible la atención ineludible de lo social, a fin de lograr un equilibrio entre lo financiero que es la base sólida de las entidades que hacen seguridad social y que les permite atender la entrega pronta, ágil y oportuna de prestaciones y servicios  que por mandato constitucional y legal debe a sus afiliados. Mientras tanto,  el Estado debe establecer un -cronograma de pago- de la abultada deuda que tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y cumplirlo a raja tabla,  caso contrario no tiene sentido hablar de una nueva ley.

Los fines del Estado son eminentemente sociales, mientras que los de la iniciativa privada  por naturaleza tienen relación con el lucro y ganancia. La participación del Estado, los empleadores y los trabajadores en la búsqueda de soluciones en materia de seguridad social,  alcanzara  certidumbre, confianza  y satisfacción  en la comunidad ecuatoriana. Lograr un  nuevo marco jurídico en materia de seguridad social bajo estos lineamientos recuperara la confianza de los ecuatorianos   y estabilizara la caldera social a punto de estallar.

La Constitución de la Republica en su Sección Tercera al tratar sobre seguridad social -prohíbe terminantemente la privatización de la seguridad social-. sinembargo, este es un tema que permanece inmutable en la “política ecuatoriana”, es una obstinación que  irrumpe siempre el espacio  y la curiosidad publica ecuatoriana, se lo trata y conversa en todos las áreas sociales y en todos  sus niveles. Se suma a esto la falta de resultados positivos en otros lares donde se puso de moda la privatización de las prestaciones de la seguridad social tal el caso de Chile. En lo personal siempre he sostenido que no puede haber “seguridad Social –privada”- por naturaleza, principios y filosofía, la seguridad social es publica, si se la privatiza ya no es “seguridad Social”. Son seguros privados,  adicionalmente, en el caso de Chile y otros países se deben considerar seria y técnicamente  cuales fueron las circunstancias y condiciones históricas para tomar esas decisiones. Ecuador tiene otras realidades, contextos y vive otras circunstancias en cuanto a la economía, la sociedad y el Estado. El derecho a la Seguridad Social es irrenunciable  y es deber y responsabilidad del Estado, no podrá privatizarse.  (O)